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Los compromisos económicos del 2011

Los compromisos económicos del 2011
Bernardo Vega

El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional obliga al gobierno a poner en ejecución este año una serie de compromisos:

1.       Reducción de los déficits del sector público, incluyendo los de la CDEEE.

2.      Para marzo tener listo un análisis costo-beneficio sobre las exoneraciones que se otorgan bajo diferentes leyes, incluyendo las de incentivo, con el fin de reducirlas, a tiempo que se determina quién podría otorgarlas. Poniendo en ejecución esa política y logrando que 24,000 bancas de apuestas paguen más impuestos y se indexen los combustibles, es que los ingresos tributarios podrán aumentar en un 12%, como lo establece el presupuesto.

3.      Modificar, para marzo, la ley monetaria y financiera para eliminar impedimentos legales y lograr poner en ejecución los principios básicos de las normas de Basilea (¿incluyendo Basilea III?) para que la supervisión bancaria sea en base al riesgo.

4.      Presentar al Congreso, antes de marzo, una nueva ley sobre supervisión consolidada, no sólo de los grupos financieros, sino también de los grupos industriales. Indudablemente el CONEP opinará sobre esto último.

5.      Para junio las tres distribuidoras de electricidad deben haber aumentado el número de sus clientes que pagan luz de 1.9 millones en la actualidad a 2.1 millones. Además, la CDEEE debe adoptar a principios de este año una tarifa indexada flexible que refleje los costos de generación, cosa que debió haber hecho en diciembre, cuando lo que se hizo fue aumentarla en 11%. Una mayor cantidad de clientes pagando una tarifa mayor es lo que lograría aumentar los ingresos de la CDEEE en un 21%. Los ayuntamientos también tendrán que pagar la luz. Todo esto es lo que permitiría reducir el aporte del gobierno a la CDEEE del equivalente de US$706 millones en el 2010 a tan sólo US$360 millones en el 2011.

6.      La cantidad de familias que recibe  el subsidio condicionado bajo “Solidaridad” debe aumentar para  el próximo diciembre en 60,000, para llegar a 590,000. Para esa fecha las familias que reciben el subsidio del “bonoluz” deben aumentar en 100,000, para llegar a 250,000.

Para lograr todo lo anterior el país aumentará su deuda pública, tanto externa como interna, por un monto equivalente al déficit del gobierno, para así poder financiarlo, pasando la deuda pública de un 41.3% del PIB a un 42%. Aumentará con relación al año 2010 el valor de los préstamos desembolsados para proyectos financiados por bancos comerciales, sin transparencia (ver el triste listado de los mismos en el addendum del presupuesto). También aumentará el valor de las emisiones de bonos en pesos y el valor de los préstamos que el gobierno tomará de bancos locales. En síntesis, aumentará mucho la dependencia en el financiamiento local y en préstamos externos caros.

Por otro lado, y siempre con relación al 2010, nos endeudaremos por montos menores con Venezuela  y se recibirán menos recursos del FMI, del BID y el Banco Mundial. En síntesis, se reducen los préstamos blandos. También se reduce la emisión de bonos soberanos.

El Banco Central verá aumentar su déficit resultante de la quiebra bancaria del 2003. Como en el 2010 la tasa de inflación fue superior a la de la devaluación, la tasa de cambio real efectiva se apreció en un 2.7%, lo que perjudica las exportaciones y la competitividad. Algún ajuste compensatorio tendrá que tener lugar en el 2011 pero, si fuese de un 6%, por ejemplo, sólo significaría que el tipo de cambio llegaría a 39.74.

El reto mayor del gobierno es restringir su gasto de manera que logre operar dentro de los déficits previstos en el acuerdo, cuya primera revisión será en marzo. Por el lado de la balanza de pagos la cosa luce bien, a no ser que el petróleo siga subiendo, pues tanto su previsión como la del gasto público, presumen petróleo a 80 dólares y ya está en 91.

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