Ciertamente, el esfuerzo realizado por los colegios privados en medio de la pandemia del COVID19 es encomiable. El trabajo realizado por algunos -no todos- colegios privados para preparar contenido académico y luego, adecuarlo a la virtualidad; aunado al hecho de elegir y adaptar estas plataformas para su uso regular, es reconocible. Sin embargo, nadie ha analizado y evaluado el rol de los padres en esta escabrosa situación y que tan afectados o no, se ven sus derechos como consumidores abstractos, a que sus hijos reciban una educación académica de calidad, que promueva su desarrollo emocional y físico.
Muchos padres están demandando una reducción proporcional en la tarifa de los colegios privados, en razón de la evidente reducción en los costos de gasolina, energía eléctrica, transporte y alimentación del personal y de la estructura general de los colegios privados, que por la situación de emergencia nacional han tenido que reducir. Ha habido colegios, que han reconocido esta realidad y han reducido proporcionalmente la tarifa. Esta reducción, resulta lógica y evidente, si el año escolar no ha sido suspendido por estas instituciones. Sin embargo, esta no es la principal situación que amenaza los derechos de los padres de familia como consumidores.
La principal razón radica en que estas plataformas virtuales, no fueron consensuadas ni evaluadas, por los estudiantes, padres de familia, ni por el Ministerio de Educación, antes de ser implementadas. Se ha impuesto a la carrera, un sistema de educación virtual, donde ni los mismos estudiantes fueron sensibilizados previo a su implementación, ni fueron entrenados en el uso de ésta. Tampoco fueron consultados los padres de familia, sobre la factibilidad o no de estos sistemas y su aplicación práctica, antes de ser implementados.
También se discute la homogeneidad de estos sistemas, su trazabilidad y la garantía de que sus recursos educativos sean efectivos. Muchas instituciones están utilizando múltiples y diversas plataformas virtuales y otras, simplemente envían las asignaciones por correo y coordinan videollamadas colectivas. Ante toda esta realidad, los padres de familia deben por obligación, trabajar desde casa -muchos de ellos, más de nueve horas diarias- y otros se encuentran desempleados, buscando formas creativas de generar dinero en cuarentena, para sostener a sus familias. Pero, además, deben mantener a flote sus hogares, asumiendo personalmente las tareas de cocina, limpieza y de sustento general de éstos.
Al fin y al cabo, los padres de familia están siendo los implementadores, facilitadores y servicio técnico, de las plataformas virtuales de los colegios privados; están siendo los educadores de los contenidos virtuales y/o académicos de la agenda educativa de sus hijos, para lo cual no están, ni han estado nunca preparados; dentro de un ambiente general de tensión, preocupación y ansiedad, por no saber cómo solventar, en gran medida, las preocupantes consecuencias económicas que existen actualmente y que se avecinan.
Ante esta realidad, cabe cuestionar si los padres en la práctica tienen derechos como consumidores, frente a esta decisión conjunta que ha tomado el gremio de los colegios privados. Sus derechos como consumidores, no han sido suspendidos ni modificados por el estado de emergencia, debiendo ser respetados. Si existía una modificación al régimen y a la forma de impartir los contenidos académicos, esta debió ser consensuada con los padres previamente; las plataformas virtuales debieron ser explicadas, contrastadas y probadas con los niños. Si eso no se podía hacer, sencillamente no se debía implementar.
El sector público de educación ha suspendido la docencia, por lógicamente, no querer abrogar ni atribuirle la función de enseñanza académica a los padres, que de por sí se encuentran en situaciones económicas atendibles, cuando esa función de enseñanza -puramente académica- le corresponde al Estado, que por razones lógicas y atendibles no puede ejercerla.
Pero por qué pedirle tanto a la clase media, que, por pertenecer a dicho estrato social, no está exenta de las mismas preocupaciones e incertidumbre de las demás. Por qué no simplemente, suspender la docencia hasta que ésta sea autorizada por el Poder Ejecutivo; eliminar las vacaciones, hacer un plan de recuperación del 30% faltante y empezar el nuevo año escolar en septiembre como de costumbre.
Hay familias en estado de estrés permanente, por la situación de emergencia nacional, por sus notables consecuencias a la salud y a la economía y porque le han sido delegadas funciones académicas, cuando no manejan las herramientas pedagógicas necesarias para lograr que sus hijos aprendan. Los niños no se encuentran en un ambiente estructural, que favorezca ni que garantice el aprendizaje académico efectivo de los contenidos.
La enseñanza de contenidos académicos es una función delegada por la Constitución al Estado, que la clase media y alta ha querido confiar -en su mayoría- a los colegios privados. Pero no se equivoquen, esa enseñanza de contenidos académicos sigue siendo función de los colegios privados, que nosotros los padres les hemos confiado. Ningún colegio privado, puede eliminar dicha función contractual, para la cual pagamos, ni mucho menos invertir los papeles sin ser consensuado ni validado con los padres.
Los padres de familia tienen todas las vías legales disponibles para exigir la protección de sus derechos, en caso de que un niño sea evaluado y reprobado en estos momentos, por un colegio privado. Los padres tienen derecho a exigir igualdad de trato, bajo las mismas condiciones en las que se está abordando al sector público, recomendando los repasos en casa y manteniendo a los niños ocupados en actividades del hogar. Cuenten con nuestra asistencia y asesoría legal por nuestras redes y por correo [email protected]