SANTO DOMINGO.- Uno de nuestros legisladores ha reaccionado molesto por haberse visto en una lista  pública de exoneraciones correspondientes a congresistas, usadas para traer vehículos de alta gama al país.

El diputado la ha emprendido contra los empresarios y las Administradoras de Fondos de Pensiones, atribuyéndoles la supuesta autoría de una campaña de descrédito contra el Congreso.

Pongamos las cosas en su justo lugar:

-En primera instancia, el Congreso no necesita campaña de descrédito, pues personajes que tienen ahí dentro son suficientes como atentado a su reputación.

-Las dos exoneraciones abiertas que reciben los senadores y diputados por cada período de cuatro años tienen un origen cuestionable porque son un símbolo de ejercicio de legislar para provecho propio.

-¿Cuántos ministros necesitan reemplazar su medio de transporte cada dos años?

-¿Cuántas veces cambia el vehículo el Presidente de la República?

Es obvio que ese privilegio no fue concebido para garantizar medios de locomoción a los legisladores, muchos de los cuales son ricos.

Se concibió para montar un escandaloso negocio de venta de exoneraciones que ha dado mucho de qué hablar.

No es la primera vez ni será la última que esto se ponga en evidencia.

Me parece una salida fallida, una astucia poco efectiva, justificar este privilegio irritante apuntando los cañones contra terceros.