Madrid.- Mientras EE.UU. acaba de deportar a El Salvador a 261 personas migrantes, alegando que tienen vínculos con grupos criminales, en Europa se debate el arresto y deportación de inmigrantes a terceros países, en medio de una tendencia global a criminalizar la migración, enarbolada por los populismos de ultraderecha.
“Estamos viendo un modelo migratorio de criminalización en muchas partes del mundo basado en la detención, retorno forzado, deportación y externalización de fronteras”, dice a EFE la directora ejecutiva de la Coalición Internacional contra la Detención (IDC, en inglés), la colombiana Carolina Gottardo.
El avión que Donald Trump envió a El Salvador, según afirma su gobierno “lleno de terroristas”, ha sido la última polémica en el discurso habitual del presidente estadounidense, que deshumaniza a los migrantes, a quienes ha llamado «monstruos atroces» y «terroristas».
ONG ya han denunciado que menos de la mitad de los 238 venezolanos deportados a El Salvador -el resto eran salvadoreños- tienen vínculos con la organización criminal Tren de Aragua, la excusa dada para las deportaciones expeditas y sin el debido proceso legal.
Ya en enero, EE.UU., que tiene el mayor sistema de detención de migrantes del mundo, con 200 instalaciones y puede detener en un solo día hasta a 50.000 personas, envió a la base naval de Guántanamo (Cuba) a más de 100 venezolanos, asegurando que eran “lo peor de lo peor” y vinculándolos también con el Tren de Aragua.
“El punto de vista de IDC, que es la coalición internacional más grande de este tema, es que la detención afecta a los derechos humanos de los migrantes, es innecesaria, es costosa y no funciona”, alega Gottardo, quien subraya: “la evidencia muestra que la detención no hace que la gente migre menos, no los disuade”.
Una tendencia populista
“Los estándares que Trump está fijando son tan bajos y tan aterradores que cualquier país puede hacer cosas que son parecidas pero no tan extremas y se toleran”, apunta la experta colombiana.
Por su parte, la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Ana Piquer, denunció que esta deportación se hizo desoyendo una orden judicial que la prohibía, lo que “representa no sólo un desprecio manifiesto de las obligaciones de Estados Unidos en materia de derechos humanos, sino también un avance peligroso hacia prácticas autoritarias por parte del Gobierno de Trump”.
El Consejo Europeo adoptó en mayo de 2024 el nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, que establece una normas para “gestionar llegadas de manera ordenada”, el eufemismo más utilizado por los gobiernos europeos para hablar de limitar o prohibir la inmigración.
Este pacto abre la posibilidad de detener a menores, lo que es, a ojos del IDC, una violencia clara contra la niñez.
Ahora, Bruselas debate avalar el envío de migrantes a campos de deportación fuera de fronteras europeas, una medida que hasta hace poco solo exigía la ultraderecha y que ya quiso hacer el gobierno italiano de Giorgia Melonia en su pacto con Albania.
«No es nuevo hablar de externalización de fronteras, de creación de centros de atención en el exterior, de ‘hubs’ de retorno en terceros países, pero se está agudizando. La polarización social está instrumentalizando la gestión de las migraciones como batalla meramente electoral», dice Rubén Romero, coordinador de Incidencia Política de CEPAIM, fundación para fomentar la inclusión social.
Los discursos ultraderechistas, que ligan falsamente la migración con la inseguridad o la violencia y que están incluso influyendo en elecciones como en Alemania, se traduce en esta tendencia a la criminalización, pues la migración se convierte «en un chivo expiatorio de las políticas antidemocráticas», según Romero.
«Si Europa quiere realmente tener un lugar en este nuevo y complejo escenario geopolítico, creo que el abordaje tiene que ser en los pilares fundacionales de la UE como un espacio de libre circulación, de acogida y, sobre todo, de respeto de los derechos humanos», considera Romero.
Un sistema costoso
“Estados Unidos, desde que empezó el Gobierno de Trump, ha tenido los niveles más altos de detención en muchísimos años (…) y los centros de detención están a punto de llegar a su capacidad máxima”, dice Gottardo, quien asegura que “no hay sistema que aguante eso”.
Según los datos de IDC, las alternativas a la detención, como mantener a las personas en situación administrativa irregular en la comunidad hasta que consigan regularizar su situación, son un 80 % más baratas.
Y hay otras formas. Por ejemplo, Colombia, el país que más venezolanos acoge, promovió en 2021 una regularización masiva de más de dos millones de ciudadanos del país vecino.
“No es crear más centros de atención, no es crear más fronteras, es gastar mucha menos plata en mirar cómo se puede integrar, en mirar cómo se pueden tener estatutos de regularización, estatutos de protección temporal”, subraya la directora del IDC.
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