Fernando Lugo no debió ser destituido de la forma contemplada en la Constitución de su país cuando un gobernante se coloca de espaldas a la institucionalidad que encarna, no mereció el haber sido electo presidente de la República.
Posó de obispo identificado con los más empobrecidos, cual exponente de la teología de la liberación, y el peso de la sotana participante en protestas sociales, lo elevó en la figuración que lo colocaría en la candidatura derribadora del predominio de 61 años del Partido Colorado.
A poco de su juramentación como presidente del Paraguay, empezaría a desvelarse la verdadera imagen de un macho promiscuo que usaba los hábitos sacerdotales para ganar la confianza que les facilitara embaucar a sus presas, entre más empobrecidas, más vulnerables, con las que practicaba el sexo, en violación del celibato, pero “respetando” los tabúes que alienta la Iglesia contra los anticonceptivos.
Jesús, conforme a la teología de la liberación, hizo opción preferencial por los pobres, Lugo los reproducía preñando mujeres a las que dejaba abandonadas a su suerte, sin importarle ni las atenciones médicas, ni la alimentación, ni la educación, ni el apoyo espiritual y moral que requiere un ser humano para crecer como ciudadano de bien.
Por vergüenza nunca debió haber aguardado por la destitución, debió de haber renunciado desde que se vio precisado a admitir la primera de las paternidades irresponsables que lo han zarandeado desde que asumió el poder, que más reciente ha aceptado otra, hechos que demostraban que no era el hombre por el que habían votado los paraguayos, sino una estafa.
Pero se aferró a mandar, sin condiciones para inspirar autoridad y le fueron acumulando faltas, que detonaron con la matanza de seis policías y once campesinos en Curuguaty, de los que es absolutamente responsable porque ha sido el instigador de las invasiones terrenos en posesión privada, bajo el alegato de que en el pasado fueron propiedades del Estado.
Los carperos, que así se denominan lo invasores con cuyos líderes el presidente interactuaba en señal de endoso, habían producido invasiones en Ñacunday, en los altos del Paraná, y se había advertido que se estimulaba una tragedia.
Aunque entre los cinco puntos que justificaron su enjuiciamiento político, el caso de Ñacunday, acompañó al de Curuguaty, bien pudo haber sido encausado en el 2009, cuando encabezó un acto político de jóvenes en el Comando de Ingeniería de las Fuerzas Armadas, acción totalmente inconstitucional, que también ha figurado en su expediente, adicionada a la firma del Protocolo de Ushuaia II, y a su total desinterés por enfrentar la creciente inseguridad que estremece a su país.
La posesión de la tierra es uno de los graves problemas de Paraguay, que Fernando Lugo se comprometió a subsanar ofertando una reforma agraria integral, que no movió un solo dedo para hacer cumplir, para finalmente querer tapar esa falla promoviendo el caos. A parte de capítulos sociales que prosternan la pobreza y de mejoría en la cobertura de los servicios de salud, Paraguay anda peor que como Lugo lo encontró.
Más papistas que el Papa, la mayoría de sus homólogos han reaccionado rechazando la destitución que Lugo acogió, olvidando que si bien es importante que un gobierno genere apoyo de la comunidad internacional, lo imprescindible y lo legítimo es que su pueblo lo apoye, y es evidente que al tomar la legalidad democrática de la que estaba investido para alentar la inseguridad jurídica, Lugo se ha tumbado.