SANTO DOMINGO.- La investigación de la PEPCA contra los miembros del pleno de la Cámara de Cuentas bajo la gestión encabezada por Hugo Francisco Álvarez Pérez, denominada Operación Caracol, «está vivo y sigue caminando», aseguró para El Despertador la magistrada Mirna Ortiz, quien se desempeña como coordinadora de litigación de la unidad de persecución de la corrupción.
Ortiz, al ser cuestionada sobre los avances de este caso, indicó que debido a que se trata de un caso de obstrucción de justicia a los exfuncionarios del órgano fiscalizador de las instituciones del Estado, el proceso de investigación es distinto al que lleva la PEPCA en otras operaciones.
“El caso Caracol sigue en pie, lo que pasa que es un caso distinto porque es obstrucción a la justicia, por lo que se está investigando a los exmiembros de la Cámara de Cuentas, y eso lleva un proceso de investigación distinto al que se maneja regularmente en la Pepca, pero está vivo y sigue caminando”, expresó la magistrada.
Mirna Ortiz aseguró que cada día consiguen nueva información y que uno de los puntos que han ido fortaleciendo es que las auditorías llevadas a cabo por la Cámara de Cuentas bajo la gestión de Álvarez Pérez (2017-2021) «no obedecían a la realidad y que eran alteradas para favorecer a diversos sectores» y que en la actualidad sirven de pruebas en otros casos que lleva la PEPCA.
«En el caso Anti Pulpo hemos puesto de ejemplo varias de esas auditorías, como una que se le hizo al Fonper”, la cual se comparó con una nueva auditoría, cuyos hallazgos no tenían nada que ver con la anterior, señaló la magistrada.
A mediados de febrero del año pasado, el edificio gubernamental Manuel Fernández Mármol, que acoge a la Cámara de Cuentas en la avenida 27 de Febrero, en Santo Domingo fue allanado, en una operación dirigida por el titular de la PEPCA, Wilson Camacho y que incluyó a agentes de la Policía Nacional, miembros del equipo Swat y miembros del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).
Además de su presidente Álvarez Pérez, la investigación por corrupción incluye a Pedro Antonio Ortiz Hernández, Carlos Noés Tejada Díaz, Margarita Melenciano Corporán y Félix Álvarez Rivera, quienes completan el pleno de la Cámara de Cuentas y, por lo tanto, gozan de privilegio de jurisdicción.
Al pleno de la Cámara de Cuentas se le investiga por los delitos de obstrucción de la Justicia, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, asociación de malhechores, complicidad en los tipos penales de desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos provenientes de actos de corrupción.