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Magistradas electorales exhortan sean eliminadas discriminación contra la mujer

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  • miércoles 19 septiembre, 2012 - 7:40 AM |  Mundo,
Magistradas electorales exhortan sean eliminadas discriminación contra la mujer
Magistradas electorales exhortan sean eliminadas discriminación contra la mujer
Magistradas.

Magistradas.

Paraguay.– En el marco del III Encuentro de Magistradas Electorales de Iberoamérica se determinó condenar todos los actos de violencia y discriminación de género que se dan en la administración de justicia electoral, así como reconocer la necesidad de impulsar democracias pluralistas, representativas, participativas, legitimadas y creíbles.

El evento en que participaron magistradas y miembros de organismos electorales de 10 países latinoamericanos; la República Dominicana estuvo representada por la Juez Titular del Tribunal Superior Electoral, Mabel Féliz Báez y la miembro Titular de la Junta Central Electoral, Rosario Graciano de los Santos, quien fue expositora en la Mesa dos del tema “Argumentación jurídica para fundamentar las medidas especiales de carácter temporal”.

En tanto, Féliz Báez participó en la Mesa uno, donde se abordó el tema relativo a la “Jurisprudencia electoral sobre las medidas especiales de carácter temporal”. Durante el encuentro la magistrada enumeró los logros alcanzados por la mujer dominicana en materia electoral, igualdad de género y en  la aplicación de leyes en contra de  la violencia intrafamiliar. Al tiempo de destacar las normas jurídicas con sentido electoral que se utilizan en el país como la Ley 12-2000, que estableció la cuota femenina  en los cargos electivos  en un 33%;  la Ley 13-2000, que obliga a incluir una mujer en la boleta   para alcalde o vicealcaldesa;  la Ley 136, sobre diputado y diputada en el exterior y  la propuesta de reforma que persigue la equidad de género.

Como forma de contribuir a concienciar a las autoridades sobre la discriminación  contra la mujer en los derechos  políticos electorales,  informó que en el país se hacen los esfuerzos y como parte de eso se han celebrado los seminarios: “Participación política de la mujer en las posiciones  de poder: equidad e incidencia en la administración pública”, efectuado  el pasado 10 de julio, y el segundo foro hemisférico: “Ciudadanía plena de las mujeres para la democracia”  del 18 al 21 del mismo mes. También hizo referencia a la  “Reunión de alto nivel sobre mecanismos comunes regionales de acción  para la promoción  de la participación política  de las mujeres”,  efectuado en Tegucigalpa, Honduras, en la que participó una delegación del país.

La magistrada Féliz Báez destacó los avances adquiridos por la mujer dominicana en materia educativa, al precisar que de que cada 100 hombres estudian 98.3%  mujeres  en el nivel inicial; 98.2% en el básico y en la educación adulta superan a los hombres.

El encuentro contó con ocho ponencias dirigidas por mujeres, entre ellas la charla inaugural estuvo a cargo de la doctora Roxana Arroyo Vargas, presidenta de la Fundación Justicia y Género, quien expuso sobre “La Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación y el Derecho Electoral”; también la Ministra de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay, doctora Gladys Bareiro de Módica, tuvo a su cargo el tema “La igualdad y la Representación Política”.

María Elena Wapenka Galeano, jueza Electoral del Departamento de Itapúa, Paraguay; fue la moderadora de la charla “La representación de la mujer en los cargos públicos en Iberoamérica”; también se abordó el panel sobre la “Discriminación contra las mujeres en los derechos políticos electorales”, siendo la moderadora María Mercedes Boungermini, magistrada y Secretaria Ejecutiva de la Secretaría de Género del Poder Judicial de Paraguay, y donde participaron como panelistas Miryam Cristaldo, magistrada del Tribunal Superior de Justicia Electoral del Paraguay y Patricia Zambrano, magistrada del Tribunal Contencioso Electoral de Ecuador.

En el encuentro que finalizó el 5 de este mes en Asunción, Paraguay, se firmó la “Declaración de Asunción”,   en la que acordaron  fomentar una jurisdicción electoral dirigida a crear democracias fuertes, creíbles y respetadas, que representen los intereses de la sociedad en general  sin distinción de etnia, edad, condición económica, discapacidad,  entre otros factores.

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