Mucho dudo que el monto total de los sobornos pagados por Odebrecht a funcionarios públicos dominicanos sea 92 millones de dólares, como se consigna en el documento del Departamento de Justicia de EE.UU. En mi opinión, eso es viruta para la verdadera suma que habrían repartido entre el 2002 y el 2014 a fin de “asegurar ciertos contratos públicos”, tal como se hace constar en el indicado informe.
Desde febrero del 2012 hasta el 15 de diciembre de este año que agoniza, fecha en la que el ex director de Odebrecht en el país, Marco Vasconcelos Cruz, emprendió las de Villadiego, fui su vecino. Durante ese interregno me tropecé en el lobby del edificio con ciertos personeros enquistados en posiciones públicas que visitaban frecuentemente al individuo –sabe Dios con qué finalidad- en el apartamento que tenía alquilado.
A lo largo de 14 años, la filial nacional de la constructora levantó múltiples obras de infraestructura, entre las cuales sobresalen los acueductos de la Línea Noroeste, Samaná y Hermanas Mirabal, las carreteras de Casabito-Constanza, El Río-Jarabacoa, y Piedra Blanca-Cruce de Ocoa. Asimismo, la autovía El Coral, las hidroeléctricas de Pinalito y Palomino, el elevado de la avenida Charles de Gaulle y los corredores Duarte I y II.
Los valores pagados por el Estado para la ejecución de esas y otras obras, ascienden a poco más o poco menos de RD$200 mil millones, en tanto que la suma que, según Odebrecht, habría pagado por concepto de sobornos es US$92 millones, esto es, RD$4,300 millones a razón del tipo de cambio vigente. Nadie se traga la píldora de que el acuerdo venal con los funcionarios que representaron a las instituciones gubernamentales contratantes haya sido, en promedio, de un 2.15% del total.
A juicio de muchos, el porcentaje convenido habría oscilado entre un 15% y 20%, pues solo el lobista, según él mismo se vanagloria, retenía un 5%. Y a propósito de este último, llama la atención que en la página 19 del documento
dado a conocer se señala a “un intermediario responsable de mediar con el Gobierno en el entendido de que el intermediario pasaría el dinero, en parte, a los funcionarios”. ¿De quién se trata? Su nombre y apellido, salpicados de escándalos, es secreto a voces.
Sea como fuere, a Vasconcelos Cruz, cuyo rostro parecía el de un beato que en su vida había roto un plato, no debió permitírsele que abandonara el país. Y es que nadie excepto él habría autorizado los sobornos en nombre de la filial de la multinacional brasileña, que en su página web incurre en el descaro de proclamar que trabaja “animada por el espíritu de servir… generando mayores y mejores riquezas para la sociedad”.