Los esfuerzos del gobierno por moralizar la gestión pública han merecido aplausos, incluso míos. Hasta adversarios del 2020 reconocen que, pese al “lawfare” y el procesamiento preferente de unos antes que otros, hoy luce más fácil ser destituido y encartado que antes.
La indignación de la opinión pública por la corrupción e impunidad, que resultaron muchísimo peores de lo rumorado, fue fundamental para que el PRM ganara las elecciones. Ese ánimo de los votantes fue azuzado y fomentado por entidades como Participación Ciudadana, homónima de otras similares en toda Latinoamérica financiadas por Washington. Casi todos sus voceros más aguerridos resultaron ser no tan independientes y lograron embajadas, altos cargos o tienen jugosos contratos. Tan ocupados están, que tras dos años extraño sus cantaletas. ¡Eran excelentes!
Hoy, casos como la insólita multa de RD$5 millones a una empresa de un alto funcionario lucen poquita cosa ni merecen explicación o escándalo. Pero otros sí. Felicito a PC (bonita sigla, jejeje) por resumir en 63 páginas las 3,450 del expediente anti-Pulpo. Ahora todos entenderemos (al menos ese caso).