REDACCIÓN.- Al menos 4,084 expedientes judiciales fueron quemados durante ataques de vándalos contra 14 sedes de la Judicatura, que comenzaron en diciembre pasado en regiones del sur de Perú, informó este jueves el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo.
El máximo representante de la Judicatura señaló, en un comunicado, que estas cifras se basan en un reporte preliminar sobre ataques contra sedes de las cortes superiores de las regiones sureñas de Arequipa (825), Apurímac (103), Ayacucho (1,681), Huancavelica (830) y Puno (645).
Indicó que un «significativo porcentaje» de los documentos está relacionado a casos de familia y laborales, y que aún no se tiene una cifra definitiva porque manifestantes aún impiden el ingreso a las sedes incendiadas de las ciudades de Ilave y Macusani, en la región sureña de Puno.
Los ataques contra las sedes judiciales se produjeron desde que comenzaron las manifestaciones que piden la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y el cierre del Congreso, así como el adelanto de elecciones generales para este año y la convocatoria a una asamblea constituyente.
Durante un informe ofrecido ante la Sala Plena de la Corte Suprema, Arévalo precisó que 7 de los 14 locales atacados por vándalos fueron incendiados.
En ese sentido, la Corte de Justicia de Puno detalló que en las sedes de la ciudades de Ilave y Macusani se habría perdido el 85 % y el 80 %, respectivamente, de los expedientes en papel.
Sin embargo, la oficina de administración informó que gran parte de estos había sido subido previamente a la plataforma digital del Sistema Integrado Judicial.
En otro incendio ocasionado el pasado 13 de diciembre en la sede Pedregal de la Corte de Arequipa, se quemaron más de 800 expedientes, mientras que la sede central de la Corte Superior de Apurímac, en la región de Abancay, sufrió daños luego de que las áreas de la Sala Civil y Mesa de Partes fueran quemadas.
En el distrito judicial de Ayacucho se reportó que en diciembre fueron incendiados el local El Progreso, así como el frontis del local central y otras oficinas, por lo que un informe preliminar indicó que resultaron destruidos unos 1.700 expedientes.
Además, la sede principal de la Corte del Cusco resultó dañada por vándalos que la apedrearon el pasado 17 de diciembre y la sede principal de la Corte de Huancavelica sufrió «severos daños» al ser incendiada, mientras que en la localidad de Lircay fueron quemados otros 830 expedientes.
Hasta la fecha, según datos de la Defensoría del Pueblo, 46 personas que participaban en las protestas fallecieron en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, mientras que un policía murió tras ser quemado vivo por manifestantes.
A estas víctimas, se suman diez decesos en sucesos relacionados con los bloqueos de carreteras y una muerte ocurrida en la norteña región de La Libertad, confirmada por la Policía.
Asimismo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) reportó la muerte de cuatro haitianos que no pudieron recibir asistencia médica por los bloqueos de carreteras, además de un bebé nonato confirmado por Unicef.
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