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Santo Domingo.– La imposición de 18 meses de prisión preventiva en el caso SeNaSa es una decisión correcta y necesaria para garantizar la integridad del proceso judicial.

Ante imputaciones tan graves como corrupción, desfalco y lavado de activos, el Estado tiene la obligación de actuar con firmeza.

Esta medida envía un mensaje claro de que nadie está por encima de la ley y protege la investigación de posibles interferencias, reforzando la confianza ciudadana en la justicia.