No basta con suspender a un coronel después de golpear a una joven. Eso no borra el abuso, no limpia el uniforme, ni devuelve la confianza.

Cuando quien debe proteger agrede, hiere dos veces: a la víctima y a la sociedad. La justicia no puede quedarse en una simple suspensión administrativa.

Tiene que actuar con firmeza, sin privilegios, sin rangos y sin excusas. Porque el poder jamás puede ser licencia para maltratar.

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