En días recientes nos hicimos eco de la denuncia de Agentes, Representantes y Productores Farmacéuticos (ARAPF), la Industria Farmacéutica Dominicana (INFADOMI) y la Asociación Dominicana de Suministros de Medicinas (ADOSUME) sobre el alza del impuesto original del 3 al 18 por ciento dispuesto por la Dirección General de Aduanas a la importación de vitaminas, advirtiendo del impacto negativo que tendría en los precios de esos productos de salud de tan elevado consumo popular.
Dijimos entonces que las vitaminas estaban consideradas como medicamentos y debían seguir recibiendo el mismo tratamiento aplicado a estos, o sea, gravados con el impuesto del 3 por ciento. Para ello sobraban razones.
Por un lado tal es la clasificación que les otorga el Ministerio de Salud Pública. Y por otra parte, las vitaminas constituyen un complemento de salud, y en muchos casos, una necesidad indispensable para asegurar o contribuir a recuperar la misma, según se requiera.
En tal sentido mencionábamos varios de los más frecuentes casos específicos en que los médicos recomiendan y recetan la administración de vitaminas a los pacientes. Algunos de tales: menores desnutridos o que muestran retardo en su normal desarrollo; mujeres embarazadas, antes y después del parto; personas de la tercera edad y ancianos; enfermos en proceso de restablecimiento. La mención de estos ejemplos no es excluyente.
Para entonces, ya las asociaciones mencionadas anteriormente habían solicitado una entrevista con el Director General de Aduanas, Enrique Ramírez Paniagua, a fin de discutir el tema y los perjuicios que desde el punto de vista económico pudieran derivarse para los compradores de vitaminas. Teníamos la esperanza de que en ese encuentro, por vía del diálogo, se produjese la revocación de la medida.
Por suerte, así ha ocurrido. Y al acoger las razones de peso que lo aconsejaban, el Director General de Aduanas no solo toma una decisión correcta sino que envía además una positiva señal de flexibilidad y sensatez que debe servir de ejemplo a los funcionarios públicos en el desempeño de sus cargos para no tener temor en rectificar en aquellos casos y ocasiones que lo ameriten, conscientes de que firmeza no se conjuga como intransigencia ni resultan sinónimos, y que al hacerlo así no pierden autoridad, mientras por el contrario, ganan respeto.
Una vieja y muy conocida frase postula que “la gente hablando se entiende”. Esa máxima fue de sabia aplicación en este caso y es de desear que ojalá sirva de ejemplo para todos los funcionarios que en sus respectivos cargos tienen la facultad de toma de decisiones. Esto así, en tanto se trata de un positivo ejercicio de aplicación permanente para tratar de solventar problemas con sentido de cordura y justeza tanto como dirimir conflictos sin que la sangre llegue al río. Es algo que lamentablemente olvidamos con creciente frecuencia y una recomendable práctica que cada vez ha ido cayendo en mayor desuso.