Mentiras contra la RD

Julio Martínez Pozo.

La exageración, simulación, la hipocresía y la mentira son parte de la comparsa en el cerco de opinión que busca impedir que la República Dominicana ejerza su soberanía en materia de regulación migratoria, otorgamiento de nacionalidad y registro civil.

Meses atrás hubo una ocupación del Ministerio de Trabajo por parte de unos supuestos ex –empleados de nacionalidad haitiana que reclamaban a una coquera sus prestaciones laborales, acampamiento que se levantó cuando empezó a revelarse que la mayoría de los que estaban allí no eran afectados directos, se habló de más de cien cuando lo que sustentan el conflicto laboral no llegan a veinte.

Tomando notas me encuentro con un estudio del Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes que habla de 1,584 casos de personas haitianas “desnacionalizadas” por la aplicación de la resolución 12-07 de la Junta Central Electoral, pero en pocos días me encuentro que la cerda ha parido tanto que los casos pasan a ser 22 mil, y resulta que jamás han sido ni siquiera una tercera parte de los 1,584, y que tampoco son personas despojadas de su nacionalidad.

En un análisis de Juan Bolívar Díaz titulado “La JCE suspende su genocidio civil”, se lee que “los jueces electorales Aura Celeste Fernández y Eddy Olivares se opusieron firmemente tanto a la circular 17 como a la resolución 12-07 que originan la exclusión de los dominicanos haitianos, considerando que la JCE invadía el ámbito de la justicia”, y más adelante he observado otro oponente de la “endemoniada” resolución en jornadas de acompañamiento a quienes la combaten y persiguen su nulidad, se trata del miembro de la JCE, doctor José Ángel Aquino Rodríguez.

En el caso de los dos primeros jueces busqué el acta de la sesión administrativa del Pleno de la JCE, del 10 de diciembre del 2007, y lejos de verificar su oposición firme a la R 12-07, lo que me percato es de su apoyo entusiasta, y en el último caso, se sabe que apoya todo lo que entienda que dañe la imagen del presidente de la JCE, doctor Roberto Rosario, aunque incurra en contradicciones tan patéticas como la de oponerse a lo que él mismo promovió.

Transcripción del acta: “Punto 7. Proyecto de Resolución que establece el procedimiento para Suspensión Provisional de la expedición del Actas del Estado Civil viciadas o instrumentadas de manera irregular. Habiendo estudiado cuidadosamente el citado Proyecto de Resolución remitido mediante comunicación de fecha 08 de noviembre del año 2007, por el Magistrado Dr. José Ángel Aquino Rodríguez, Miembro Coordinador de la Comisión de Oficialías, y tras insertar en el mismo algunas sugerencias, el Pleno de la Junta Central Electoral procedió a aprobar el mismo a unanimidad”.

Qué establece la bendita resolución 12-07: “Disponer que sea suspendida provisionalmente la expedición de Actas del Estado Civil que contengan irregularidades o vicios que imposibiliten legalmente su expedición, y que solamente sean emitidas para fines estrictamente judiciales. El Pleno de la JCE conocerá a través de su Comisión de Oficialías de los casos de las actas que presenten vicios o irregularidades graves, a partir de las investigaciones realizadas por las instancias administrativas correspondientes”.

La resolución no interfiere con la justicia, establece que  cuando el Pleno de la JCE determine, previa recomendación de la Comisión de Oficialías, que la irregularidad de las actas del Estado Civil justifica una anulación definitiva, ordenará inmediatamente a la Consultaría Jurídica apoderar a los tribunales correspondientes.