SANTO DOMINGO.- La inminente salida de Mérido Torres de Unidad Técnica de Titulación por la mención de su nombre en la Operación Calamar se une a una larga lista de funcionarios que han dejado sus cargos en la presente administración perremeístas luego de ser objeto investigaciones o por la difusión de informaciones sobre presuntas irregularidades.
Luego de que la directora de Ética, Milagros Ortiz Bosch, sugirió que Torres tomará una licencia mientras se realizan las investigaciones, el funcionario anunció este martes que dejará el cargo temporalmente para ponerse a disposición de la Justicia.
En su solicitud de medidas de coerción de la Operación Calamar, el Ministerio Público señaló que Torres recibió poro más de 32 millones de pesos por el pago irregular de unos terrenos expropiados en la década de los años 50.
La licencia de Torres ocurre sólo unas semanas después de que, ante las críticas en redes sociales y de la Dirección de Ética, el presidente Abinader suspendió el 9 de marzo temporalmente el decreto 53-23 emitido apenas el 14 de febrero mediante el cual había nombrado como vicecónsul en Barcelona a la exministra de la Juventud, Luz del Alba Jiménez.
La decisión ocurrió luego de que Ortiz Bosch recordó en una carta que Jiménez aún estaba bajo investigación por la Dirección de Ética desde que fue cancelada como ministra de la Juventud en diciembre del 2021 por los cuestionamientos a su presunta vinculación con irregularidades en un licitación en esa institución.
Sólo unos meses antes del fallido intento por nombrar a Jiménez como vicecónsul, en diciembre del 2022 José Leonel “Neney” Cabrera anunció que ponía su cargo como director de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (PROPEEP).
El anuncio de Cabrera ocurrió luego de que El Informe con Alicia Ortega difundió una serie de reportajes en los que mostraba que el plan “Pinta tu Barrio en Navidad” del PROPEEP, que tuvo un costo de más de 155 millones de pesos y fue realizado de urgencia, participaron empresas que parecen ser fantasma u otras que estaban vinculadas entre sí.
El 30 de noviembre de 2020 fue destituido el viceministro de Interior y Policía, Víctor Polanco Severino, mediante el decreto 691-20, tras rumores de su participación en una supuesta mafia en las expediciones para porte y tenencias de armas de fuego. Polanco negó esa imputación, alegando que lo hicieron “saltar del cargo”. En su lugar, fue designado Víctor Ramón Castro.
Una de las destituciones más recalcadas fue la de Plutarco Arias, exministro de Salud Pública, quien por varias semanas había caído “en el ojo del huracán” por una supuesta sobreevaluación y compra irregular de jeringuillas. El decreto 131-21 que marcó su destitución fue emitido el 26 de febrero de 2021. En su lugar, fue nombrado el actual ministro Daniel Rivera.
En marzo de 2021, el director del Instituto Técnico Superior Comunitario (ITSC), José Altagracia Sánchez, renunció de su cargo luego de que la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig) apoderara una investigación en su contra.
La entidad abrió el proceso investigativo luego de que el programa de investigación de la periodista Addis Burgos denunciara varias irregularidades en el Instituto, entre ellas acoso sexual y laboral, nepotismo, aumento injustificado de nómina, uso desproporcionado y falta de transparencia de fondos públicos y duplicidad de cargos.
Otra baja en el tren gubernamental fue la del general Juan Carlos Torres Robiou, en ese entonces director del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur). Fue sustituido por el coronel Roberto Acevedo Tejada.
