Lamentablemente los gobiernos nos han acostumbrado a que los presupuestos del Estado sean deficitarios y a que ese déficit se cubra con nuevos financiamientos, así como a que la ley de presupuesto modifique cada año otras leyes atentándose así contra la seguridad jurídica, y a que se autorice al poder ejecutivo a reducir los porcentajes que distintas leyes especializan para sectores importantes, lo que degrada nuestra institucionalidad.
Aunque se alega que los ingresos no son suficientes para atender todas las necesidades, lo que es real, lo cierto es que también es indispensable exigir una mejor distribución y uso de los mismos, así como el cumplimiento de los mandatos constitucionales y legales al respecto.
Basta con revisar las partidas presupuestarias previstas para cada institución para apreciar las distorsiones en la distribución y la necesidad de revisar la voluminosa estructura del gobierno, así como la clasificación económica utilizada, que en muchos casos no permite apreciar los montos asignados a instituciones o ministerios por estar incluidos por ejemplo en la clasificación presidencia de la República o administración de obligaciones del tesoro.
El poder judicial carece de los recursos necesarios a pesar de que por ley debería asignársele 2.66% de los ingresos, porcentaje que se autoriza al poder ejecutivo -reducir en cada ley de presupuesto, pero mientras este recibirá RD$7,649,032,514, el Ministerio de Relaciones Exteriores recibirá RD$9,134,846,586. Penosamente todos sabemos que la nómina de nuestro servicio exterior está inflada de botellas, con embajadas y consulados que tienen cifras ridículas de funcionarios, que en un escandaloso porcentaje ni siquiera asisten a laborar ni residen en los lugares en que supuestamente prestan funciones.
Constituye un muy mal mensaje que siendo la justicia el fundamento de todo Estado democrático y un factor indispensable para el desarrollo de las naciones, le regateemos los recursos necesarios para su cabal desempeño privilegiando gastos clientelares.
Los gobiernos locales son fundamentales para la democratización de las sociedades y la mejoría de la distribución del gasto público, por eso la Constitución de 2010 dispone una gestión descentralizada, así como la transferencia de competencias y recursos del gobierno central a los municipios.
Sin embargo, a más de ocho años de haberse promulgado el gobierno central no ha transferido ni las competencias ni los recursos que corresponden a los gobiernos locales, por el contrario, sigue llevándose de encuentro cada año la ley que les asigna un 10% de los ingresos del Estado y continúan centralizándose en el Ejecutivo funciones propias de los gobiernos locales. Basta con observar como el Ministerio de Obras Públicas continúa asumiendo competencias de los ayuntamientos, como evidencia su reciente incursión en labores de aseo que le son totalmente ajenas y la campaña que al respecto ha desplegado.
Si se tratara de un tema de recursos bastaría con transferir los montos manejados por instituciones del gobierno central usurpando competencias propias de los ayuntamientos a estos, así como los ingresos sobre impuestos a la propiedad, que en la mayoría de los países corresponden a gobiernos locales para financiar sus operaciones y no al central.
Nuestros presupuestos seguirán plagados de irracionalidades, así como arrastrando déficits preocupantes, mientras la ciudadanía no se empodere y exija el cumplimiento de la Constitución y las leyes, lo que incluye la aprobación de un verdadero pacto fiscal. Hasta que eso no suceda seguirán siendo meros instrumentos de un insostenible modelo clientelar, que permite que las autoridades actúen al margen de la Constitución, la ley y la independencia de los poderes del Estado, e impide el deseado desarrollo.