Denver, EE.UU.- Un inmigrante mexicano recibirá 40.000 dólares del condado Jefferson (Colorado, EE.UU.) como indemnización por haber estado detenido indebidamente durante 47 días, informó este martes la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por su sigla en inglés).
El acuerdo entre Luis Quezada, de 37 años, y el condado Jefferson pone fin a una demanda judicial que ACLU había presentado en abril de 2010 en contra de las autoridades de ese condado, afirmando que Quezada quedó detenido un mes y medio entre mayo y junio de 2009 en vez de recuperar su libertad en sólo 48 horas tras pagar una multa de tránsito.
Mark Silverstein, director de asuntos legales de ACLU Colorado, se negó a brindar detalles adicionales sobre Quezada y tampoco precisó si el inmigrante se encuentra dentro o fuera de Estados Unidos, limitándose a decir que proviene de México y que ingresó al país en 1999 con una tarjeta de permiso temporal de cruce de frontera.
El pasado 4 de mayo, el Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por su sigla en inglés) también indemnizó a Quezada con 50.000 dólares por el mismo episodio.
Mark Techmeyer, portavoz de la oficina del alguacil del condado Jefferson (al oeste de Denver), declaró que no podía comentar sobre el caso porque los comisionados de ese condado aún no habían firmado los documentos correspondientes.
Según la demanda, en mayo de 2009 el ICE envió un pedido a la cárcel del condado Jefferson para que se mantuviese detenido a Quezada hasta que agentes de inmigración pudiesen verificar su estatus.
Aunque ese pedido era válido por solamente 48 horas, Quezada permaneció detenido hasta mediados de julio de 2009, cuando el ICE transfirió al mexicano a un centro de detención de inmigrantes indocumentados.
Tras pagar una fianza, Quezada quedó en libertad. Según Silverstein, «el caso inmigratorio de Quezada aún continúa pendiente».
En su demanda, ACLU asegura que «Ted Mink, el alguacil del condado Jefferson, no tenía la autoridad legal para mantener detenido al señor Quezada más allá de lo previsto por su infracción de tránsito y por no haberse presentado anteriormente en la corte».
«Todas las personas en este país, incluso aquellos sospechosos o acusados de incumplimiento de las leyes de inmigración, tienen el derecho a un proceso justo y el derecho a no ser objeto de arresto o encarcelamientos arbitrarios», dijo Silverstein en declaraciones preparadas.
Quezada presentó la demanda amparándose en el Acta Federal de Compensación por Errores Gubernamentales, de 1946, modificada dos años después.
