Las medidas, de aplicación obligatoria desde marzo, son respaldadas por nueve de cada diez entrevistados (90 %), mientras que el 84 % apoya específicamente la prohibición de productos ultraprocesados dentro de los centros educativos.
Ciudad de México. – Las recientes regulaciones sobre alimentos y bebidas en las escuelas mexicanas cuentan con un respaldo del 90 % por parte de los padres de familia, según reveló una encuesta nacional presentada por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
También la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la organización El Poder del Consumidor.
Las medidas, de aplicación obligatoria desde marzo, prohíben la venta de bebidas azucaradas, comida rápida y productos ultraprocesados en los centros educativos, y promueven alimentos más saludables como frutas, verduras, cereales integrales y semillas.
El 84 % de los encuestados apoya específicamente la prohibición de ultraprocesados dentro de las escuelas, mientras que el 74 % está a favor de extender esa restricción a los alrededores de los planteles escolares.
La presencia de frutas y verduras aumentó del 25 % al 73 % desde marzo, y la venta de ultraprocesados cayó en dos de cada diez centros escolares, cuando anteriormente estos productos estaban disponibles en nueve de cada diez.
Este cambio ha llegado también a los hogares. Según los datos presentados por Dinamia, el 70 % de los padres aseguró que ha modificado el almuerzo escolar de sus hijos hacia opciones más saludables. Además, se reportó una reducción del 56 % en la compra de productos ultraprocesados dentro del hogar.
Isabel Ferré, representante de UNICEF en México, subrayó que el país enfrenta una triple carga de malnutrición: altas cifras de sobrepeso y obesidad (36 % en escolares y 40 % en adolescentes), desnutrición crónica –especialmente en poblaciones indígenas– y deficiencias de micronutrientes, como el hierro.
Solo el 32 % de los entrevistados afirmó conocer los lineamientos, pero identificaron claramente sus objetivos: el combate al sobrepeso y la obesidad (40 %) y el cuidado de la salud infantil (32 %).
A pesar de los avances, las organizaciones advirtieron sobre desafíos pendientes, como la instalación de bebederos de agua potable, la regulación de los entornos escolares y la necesidad de monitorear constantemente la salud de los menores para asegurar una aplicación homogénea y eficaz de estas políticas públicas.