SANTO DOMINGO.- Por entender que eran un obstáculo para su expansión económica, miembros involucrados en la Operación Antipulpo llegaron a desvincular de instituciones a servidores públicos, de acuerdo con la acusación realizada por el Ministerio Público contra la organización criminal.
Las autoridades detallan que cuando alguien actuaba conforme a derecho y exigir el cumplimiento de la norma y los procesos era calificado como una “osadía imperdonable” que por lo general se pagaba con la desvinculación.
Aunque no se especifica en cuales instituciones se llegaron a registrar acciones como las citadas por el órgano persecutor, la información indica que:
“En varias instituciones en las que operaban los miembros de la organización, fueron desvinculados servidores públicos que a juicio del entramado criminal eran un obstáculo para su expansión económica, ya que actuar conforme a derecho y exigir el cumplimento de la norma y los procesos solía ser considerado una osadía imperdonable, que por lo general se pagaba con la desvinculación”.
El Ministerio Público presentó ante el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional la acusación formal contra los supuestos implicados en el caso, donde vincula a otros 16 imputados y 21 nuevas empresas.
Además de los hermanos del exmandatario, Alexis y Magaly Medina, otros implicados en el supuesto entramado de corrupción son Fernando Rosa, exdirector del Fonper; Francisco Pagán, exdirector de la OISOE, y otras personas que están bajo arresto desde hace un año.