SANTO DOMINGO. En una carta dirigida al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, ha cuestionado la política de renovación de licencias para personas mayores de 65 años en República Dominicana, señalando un trato desigual que afecta a este grupo poblacional.
A diferencia de otros países y estados donde las tarifas para adultos mayores se reducen, en República Dominicana se mantiene la misma tarifa que para conductores jóvenes, a pesar de que la vigencia de las licencias es menor.
La solicitud del Defensor del Pueblo responde a las quejas de ciudadanos mayores, quienes afirman que se les cobra la tarifa completa de renovación, aunque sus licencias tienen una vigencia reducida en comparación con las licencias estándar.
Ulloa exige una explicación al Intrant sobre “el fundamento legal para la asignación de la tarifa de renovación de la licencia de conducir con una vigencia por un tiempo inferior a la regular para las personas que han cumplido los sesenta y cinco (65) años de edad», y plantea que esta práctica podría vulnerar el principio de igualdad y no discriminación establecido en el artículo 39 de la Constitución.
En estados como Florida, por ejemplo, los adultos mayores pagan la misma tarifa que otros conductores hasta los 79 años; con modificaciones a partir de los 80 años. Pero en algunos estados y países se ofrecen descuentos o licencias gratuitas para personas de edad avanzada. En el Reino Unido, las personas mayores de 70 años pueden renovar su licencia de forma gratuita, aunque deben hacerlo cada tres años.
En tanto que en algunas regiones de Australia, como Queensland permiten descuentos en las tarifas de renovación para personas mayores de 65 años, aunque los requisitos varían en cuanto a la frecuencia y controles médicos para la renovación.
El Defensor del Pueblo ha solicitado al Intrant que responda en un plazo de quince días hábiles con un plan para ajustar esta política y asegurar que los adultos mayores reciban un trato justo. Ulloa subraya que los adultos mayores deberían tener una tarifa proporcional a la vigencia de sus licencias, en línea con el principio de razonabilidad tarifaria y equidad en los servicios públicos.
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