Santo Domingo.– La Dirección General de Migración (DGM) durante el mes de agosto recién pasado deportó a 35,276 nacionales haitianos en situación migratoria irregular, cantidad con la que se elevan a 250,741 los extranjeros que han sido devueltos a su país de origen en el curso de este año.
Las repatriaciones son realizadas luego de un trato individual en los centros de procesamiento que la DGM tiene en diferentes demarcaciones territoriales y donde a cada persona se le toman los datos datos biométricos y huellas dactilares, además de que se investiga el real estatus y la condición de cada uno.
Los nacionales haitianos son entregados directamente a las autoridades de su país.
Las estadísticas de la DGM muestran que las deportaciones de agosto constituyen la cantidad más alta procesada en un mes durante el transcurrir de este año. En enero fueron 31,221, en febrero 26,659, en marzo 28,534, en abril 32,540, en mayo 34,290, en junio 30,759 y en julio 31,462.
En el mes recién concluido, específicamente se deportaron 12,457 haitianos indocumentados desde el centro de Haina, 1,309 desde el de Santiago y 843 desde Benerito. También 10,314 por Dajabón, 6,184 por Elías Piña, 1,264 por Jimaní y 2,905 por Pedernales.
- Las detenciones de esos extranjeros indocumentados marcan una trayectoria en crecimiento sostenido que demuestra la eficacia de los operativos de interdicción ejecutados por la DGM, cumpliendo la disposición expresa del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional y las directrices del presidente Luis Abinader, para enfrentar la migración irregular y garantizar la integridad y soberanía dominicana ante la crisis socio-política que padece Haití.
Incremento de repatriaciones genera reacciones encontradas
Mientras las autoridades destacan la efectividad de los operativos y el fortalecimiento de los controles migratorios, distintos sectores de derechos humanos han manifestado preocupación por la situación de vulnerabilidad en la que quedan muchos de los repatriados.
Organizaciones locales e internacionales han llamado a que se garantice el respeto a los derechos fundamentales de las personas durante el proceso de detención y deportación, especialmente en el caso de menores, mujeres embarazadas y personas con condiciones médicas.
Desde sectores gubernamentales, sin embargo, se insiste en que las acciones están amparadas en la ley y responden a la necesidad de preservar el orden, la seguridad y el cumplimiento de las normas migratorias.
“No se trata de criminalizar la migración, sino de regularla de forma responsable ante una realidad compleja que impacta en lo social, económico y humanitario”, expresó un funcionario de la DGM que pidió reserva de su nombre.