SANTO DOMINGO.- Miguel José Moya, el asesor de comunicaciones imputado en la Operación Medusa, rechazó ser parte de una red mafiosa y criminal como se le imputa y explicó las implicaciones que tendría el contrato por 19 millones de pesos que firmó con la Procuraduría General de la República.
Moya, quien fue detenido la noche del domingo 17 de junio, grabó el video horas antes del allanamiento en su casa de Jarabacoa en el que resultó apresado, luego de siete interrogatorios con la Procuraduría.
Dijo que en esas citas la indagación fue «brutal, humillante y excesivo» y que a su «tenían la percepción de que estaban ante un criminal peligroso y manipulador».
Afirmó que él “jamás, nunca, bajo ninguna circunstancia, ha sido parte de un acto ilícito, mucho menos ser miembro de un entramado criminal y mafioso con fines de lucro”.
Sobre su cuestionado contrato afirmó que «nuestra contribución era eminentemente intelectual y de acompañamiento y de orientación y de colaboración», aclaración que hizo bajo el entendido de que hay confusión por parte de los investigadores sobre las implicaciones de la contratación.
A la procuradora Miriam Germán dedicó una parte de su mensaje para decir que “no tenía conocimiento previo de aquel incidente ocurrido en el Consejo Nacional de la Magistratura”.
Agregó que sintió “la misma indignación ante lo que a una simple mirada parecía una agresión”.
Moya reconoció la calidad profesional de los fiscales Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho y el compromiso que tienen en “satisfacer una expectativa ciudadana de altísimo valor”.
No obstante, les aconsejó no permitir que esta misión “les nuble la razón ni les opaque el discernimiento de modo que no logren distinguir entre lo verdadero de lo falso, la luz de la oscuridad”.
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