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Minerd niega corrupción en cambios de uniforme y advierte sobre sometimientos a la justicia

Comunicado

El director de Comunicaciones dijo que las autoridades del MINERD podrán tener colaboradores y amigos, pero nunca cómplices.

SANTO DOMINGO.-El Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD) advirtió que se reserva el derecho de llevar ante las instancias judiciales correspondientes a quienes sin aportar pruebas se dedican a emitir juicios difamatorios y a juzgar a las actuales autoridades educativas.

 

Rafael Alonso Rijo, director general de Comunicaciones, hizo el señalamiento al referirse a un video de Tik Tok en el que supuestamente el ya cancelado capitán de fragata Huáscar de Peña emite juicios calumniosos y difamatorios contra el presidente Luis Abinader y el ministro de Educación, Ángel Hernández.

 

De acuerdo con un comunicado, ambas figuras son acusadas de corrupción por el anunciado cambio del uniforme escolar, a iniciarse en el año lectivo 2023-2024 y completarse en el 2034-2025, y que posibilitará que al mismo costo unitario de producción actual lo estén recibiendo más de dos millones de estudiantes, mientras que actualmente solo lo reciben 600,000.

 

Dijo que el señor Huáscar Hernández está emitiendo juicios de valor sobre las actuales autoridades del gobierno y del MINERD basado en la actuación de pasados gobiernos, que sumieron al país en la corrupción, impunidad e irrespeto a las leyes y la institucionalidad.

Al respecto, el director de Comunicaciones del MINERD precisó que el señor Huáscar Hernández, y quienes pueden estar detrás de él, deben considerarse advertidos de que difamar irresponsablemente a gente de correcto proceder constituye un abuso inaceptable, por lo que “Hacemos reservas de acudir a los medios legales correspondientes para que sus infundios tengan consecuencias ejemplarizantes.

 

Sobre el excapitán de fragata Huáscar de Peña, Rafael Alonso Rijo señaló que éste fue cancelado junto a otros tres oficiales luego de comprobarse, según el Ministerio, la denuncia de ciudadanos franceses residentes en la costa Norte de que recibió RD$500,000 por autorizar la construcción de una vivienda dentro de un área prohibida.

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