El órgano acusador también solicitó una condena de 10 años de prisión para la madre de la víctima, procesada por explotación sexual de menores y lavado de activos. El nombre de la mujer fue reservado para proteger la identidad de la menor.
Santo Domingo.- El Ministerio Público expresó su confianza en que el Tribunal Colegiado de Puerto Plata dictará una sentencia condenatoria de cinco años de prisión contra Wander Samuel Franco Aybar, acusado de abuso sexual infantil.
El órgano acusador también solicitó una condena de 10 años de prisión para la madre de la víctima, procesada por explotación sexual de menores y lavado de activos. El nombre de la mujer fue reservado para proteger la identidad de la menor.
Penas, multas y decomisos
Durante la audiencia celebrada este lunes, el equipo de litigación del Ministerio Público, representado por los fiscales Claudio Cordero y José Martínez, solicitó que los imputados cumplan sus condenas en los centros de corrección y rehabilitación San Felipe de Puerto Plata y Rafey Mujeres de Santiago.
El MP pidió además que Franco Aybar pague una multa equivalente a 10 salarios mínimos establecidos por el Banco Central, así como el pago de las costas penales del proceso.
Contra la madre de la adolescente, el Ministerio Público solicitó una multa de 30 salarios mínimos y el decomiso de siete bienes incautados, entre ellos un solar en Villa Montellano, un carro del año 2023, RD$2,100,000 depositados en el Banco Agrícola, 68,500 dólares, 800 mil pesos dominicanos, varios equipos celulares y todos los valores inmovilizados en sus cuentas, conforme a una orden judicial.
El expediente se sustenta en 165 pruebas presentadas por el órgano acusador.
Fallo se conocerá el jueves
Los jueces Jakayra Veras, Venecia Rojas y José Juan Jiménez se retiraron a deliberar y anunciaron que emitirán su veredicto final el jueves 26 de junio, a las 3:00 de la tarde.
Antes del cierre de la audiencia, el Ministerio Público presentó sus conclusiones, al igual que las defensas, quienes agotaron sus turnos con las réplicas correspondientes.
El expediente establece que la conducta de los imputados violó varios artículos del Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03), el Código Penal Dominicano, la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, y la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
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