EL SEIBO.- La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la fiscalía de El Seibo lograron una condena de 27 años y al pago de más de 10 millones de pesos para los miembros de una poderosa red criminal dedicada al tráfico internacional de drogas, porte ilegal de armas de fuego y el lavado de activos, la cual operaba desde las costas del municipio Miches, en El Seibo.
El narcotraficante y líder de la organización criminal, Donnie Omar Pérez Candelaria fue condenado a 12 años de prisión para ser cumplidos en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR-11) en San Pedro de Macorís, y a pagar 400 salarios mínimos. También fueron condenados a una pena de cinco años de prisión y multa de 200 salarios mínimos los demás miembros de la referida estructura Andrea Candelaria Candelaria, José Pérez Pérez y Lisseet Vivian Pérez Candelaria.
El Ministerio Público presentó una acusación firme y con pruebas contundentes de una investigación de dos años que fue destapada el 29 de junio de 2019, tras ocupar 444 paquetes de cocaína clorhidratada, con un peso de 470.35 kilogramos, cuando se realizaron varios allanamientos en el municipio de Miches.
El Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de El Seibo decomisó seis fusiles, tres pistolas marca Glock (sin registros), así como 434 cápsulas para armas de fuego de diferentes calibres, aparatos electrónicos, 11 vehículos de alta gama, como yipetas marcas Ford, Brute, camionetas Nissan, Volswagen, jet ski, motores fuera borda, fourwheels, dinero en efectivo e inmovilizado con sus intereses acumulados. De igual manera, cinco inmuebles suntuosos, en zonas exclusivas de Santo Domingo y El Seibo.
La magistrada Ramona Nova, titular de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, manifestó que la condena es una demostración de la lucha campal contra el lavado de activos a través del narcotráfico, enfatizando en el desmantelamiento de la estructura criminal, decomiso de bienes y destrucción de altas cantidades de drogas.
Los fiscales litigantes por parte de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo fueron Manuel Santiago Castro Lora, procurador general de Corte, y José Manuel Calzado, fiscalizador, conjuntamente con Atahualpa Yucet Brito, procuradora fiscal de El Seibo.
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