Ministerio Público solicita prisión domiciliaria para imputados en caso Senasa

Santo Domingo.– El Ministerio Público solicitó ante la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional la variación de la medida de coerción impuesta a Heidi Pineda y Eduardo Read Estrella, imputados en el proceso judicial relacionado con el Seguro Nacional de Salud (Senasa), para que ambos cumplan prisión domiciliaria mientras avanza la investigación en su contra.

Según lo expuesto por el Ministerio Público, la solicitud de prisión domiciliaria se enmarca dentro de las actuaciones investigativas vinculadas a la denominada Operación Cobra, un expediente mediante el cual se indagan presuntas irregularidades cometidas en perjuicio del sistema de seguridad social del país, específicamente en el manejo de recursos del Seguro Nacional de Salud.

Las autoridades explicaron que la variación de la medida responde a una reevaluación de los elementos procesales, así como al análisis de las circunstancias particulares de los imputados, manteniendo como prioridad la garantía del debido proceso y el respeto a los derechos fundamentales, sin comprometer la eficacia de la acción penal.

Durante la audiencia, el Ministerio Público reiteró que la investigación continúa en una fase activa, en la que se desarrollan diversas diligencias tendentes a esclarecer los hechos, identificar posibles responsabilidades penales y establecer el alcance de las supuestas irregularidades que habrían sido cometidas en el marco del caso.

Evaluación judicial de la medida de coerción

Asimismo, el órgano acusador aseguró que se mantiene la cooperación de las partes involucradas y que se han implementado los mecanismos necesarios para evitar cualquier riesgo de obstrucción a la justicia, fuga o alteración de pruebas, elementos que sustentan la solicitud de una medida alternativa a la prisión preventiva.

• El caso Senasa ha generado amplio interés público debido a la naturaleza de la institución afectada y a su impacto en el sistema de seguridad social.
  
  

En ese contexto, el Ministerio Público afirmó que continuará actuando conforme a la ley, garantizando transparencia en el proceso y reafirmando su compromiso de perseguir cualquier hecho que atente contra el patrimonio del Estado.

La Oficina de Atención Permanente deberá evaluar los argumentos presentados por las partes y decidir si acoge o no la solicitud de variación de la medida de coerción, en el marco de las disposiciones establecidas por el Código Procesal Penal.