BRASIL.- El ministro de Justicia de Brasil, Sergio Moro, defendió este miércoles en el Senado su actuación en el proceso que llevó a prisión a Luiz Inácio Lula da Silva, frente a una minoritaria oposición agrandada por unos mensajes «hackeados» que pudieran poner en duda su imparcialidad como juez en ese caso.
La figura del expresidente Lula, en prisión desde abril de 2018 y condenado en primera instancia en un juicio dirigido por el entonces juez Moro, fue omnipresente durante una audiencia en una comisión del Senado convocada por mensajes que el ahora ministro intercambió con fiscales durante aquel proceso.
Los mensajes, transmitidos por la red Telegram, fueron entregados al portal The Intercept por un «hacker» anónimo que intervino los teléfonos de fiscales y revelaron conversaciones que pueden sugerir que, en forma ilegal, Moro coordinó acciones de la operación Lava Jato que llevaron a Lula a la cárcel.
Moro, blindado por la mayoría oficialista en la comisión, afincó en dos flancos su defensa de lo que calificó de «sensacionalismo exacerbado» promovido para «tal vez intentar anular algún proceso».
Uno, la forma ilegal en que fueron obtenidos unos mensajes cuya autenticidad negó pues «pudieron ser parcial o totalmente» editados, y otro el «éxito» de la Lava Jato, que «acabó con la impunidad» y reveló la «relación corrupta» entre empresarios y políticos «sin escrúpulos» que, según dijo, «se habían apropiado del Estado».
Moro sostuvo que no hay nada «ilícito» en los mensajes divulgados y, aunque admitió que conversaba con fiscales sobre los procesos, apuntó que también lo hacía con los abogados de los «centenares» de acusados en esa operación.
«Eso es normal en la tradición jurídica de Brasil y de otros países», afirmó.
También insistió en su «absoluta imparcialidad» en todos los casos que juzgó, que «fueron mucho más allá» de Lula, y subrayó que sus sentencias, incluida la que dictó contra el expresidente, fueron ratificadas por tribunales superiores, con apelaciones que llegaron al Supremo y fueron «todas rechazadas».
El debate tuvo un neto cariz político y enfrentó al grupo más fiel al ultraderechista presidente Jair Bolsonaro y al progresismo encabezado por el Partido de los Trabajadores (PT), de Lula, pero no llegó a conclusiones claras sobre un asunto que ha puesto en jaque a Moro, visto por el oficialismo como un «paladín» de la justicia.
El senador Humberto Costa, jefe del grupo del PT, fue uno de los más duros con Moro y lo acusó de haber orquestado una «persecución» contra Lula y condenarlo «sin pruebas», tras lo que exigió su renuncia «inmediata» al Ministerio de Justicia.
«Si hubiera alguna irregularidad dejo el cargo, pero no la hay», respondió Moro con serenidad, para luego retar a The Intercept a «revelar todo el contenido» de los mensajes y entregarlo a la Justicia, para que investigue el asunto.
El ministro reafirmó su convicción de que los «ataques» a su teléfono y a los de algunos fiscales configuran una «acción ilegal», que atribuyó a un «grupo criminal organizado» que pretende debilitar «las instituciones» y, sobre todo, la «lucha contra la corrupción» que él encarnó como juez.
«Esto no es obra de un adolescente con acné sentado en su casa», subrayó Moro.
Durante la audiencia, que se prolongó durante unas nueve horas y en la que fue interrogado por casi 60 senadores, Moro presentó una especie de resumen de la operación Lava Jato, que cuando comenzó hace poco más de cuatro años estremeció las bases políticas del país y alcanzó a partidos de todo el espectro ideológico.
«Más de 90 denuncias. 45 sentencias. 291 acusados. 211 condenas. 298 pedidos de prisiones cautelares y 207 fueron aceptadas» y «en todos los casos con pruebas muy sólidas», en las que hasta aparecían «millonarias cuentas» bancarias en el exterior, declaró.
También añadió que la Lava Jato resultó en decenas de acuerdos de colaboración judicial y permitió hasta ahora, pues «aún continúa», recuperar para el Estado más de 600 millones de dólares desviados por la corrupción.