La querella describe intimidaciones, intentos de soborno y una estructura que habría perjudicado al Estado con más de RD$700 millones
Santo Domingo.- El director ejecutivo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Milton Morrison, presentó una querella en la que involucra directamente al empresario José “Jochy” Gómez Canaán como presunto beneficiario o ente intimidatorio en una supuesta red de chantaje, sobornos y desvío de fondos públicos, liderada por el principal imputado, Rogelio Ramón Oruña Aguilar, presidente de la empresa Dekolor, S.R.L.
De acuerdo con la querella, a la que tuvo acceso Noticias SIN, Oruña habría utilizado a Gómez como figura de presión para forzar la prórroga de un contrato millonario vinculado a la emisión de licencias de conducir, el cual expiraba en enero de 2025.
El documento detalla que en abril de 2025, durante una reunión en la sede del Intrant, Oruña lanzó una advertencia directa a Morrison: “Jochy te está preparando algo”, insinuando que Gómez poseía información comprometedora sobre cuentas bancarias no declaradas y una propiedad del funcionario en Florida.
Poco después, en junio de 2025, medios internacionales como The Miami Independent publicaron artículos cuestionando los bienes de Morrison, los cuales luego fueron replicados por periodistas locales. La querella sugiere que esta campaña mediática fue parte de un plan de represalia orquestado por Oruña y su círculo, tras no lograr la renovación del contrato.
En diciembre de 2024, Oruña habría señalado a Jochy Gómez como “beneficiario real” de la empresa PagoRD Xchange, S.R.L., intermediaria en el cobro de licencias de conducir. Según la acusación, esta empresa retuvo el 90% de los pagos, dejando al Estado apenas un 10%, lo que habría generado un desvío estimado en RD$730 millones.
La Contraloría General de la República, detectó graves irregularidades en abril de 2025, como la falta de conciliaciones bancarias, violaciones a normas de control interno y pérdidas acumuladas por RD$415 millones solo en el año 2023.
Morrison, interpretó estas declaraciones como un intento de chantaje funcional, ya que Oruña advirtió que si suspendían a PagoRD, el servicio de emisión de licencias colapsaría por falta de infraestructura.
La querella detalla que, entre 2024 y 2025, Oruña ofreció a Morrison sobornos que iniciaban en RD$30 millones más pagos mensuales, y luego ascendían a US$1 millón y RD$3 millones mensuales, a cambio de prorrogar el contrato irregular. Incluso envió a intermediarios Bolívar Batista y Georges Ortiz, con ofertas similares, que el funcionario asegura haber rechazado.
Tanto Oruña, su hija Sandra Oruña (gerente de Dekolor), como las empresas implicadas, enfrentan cargos por soborno (Ley 448-06), asociación de malhechores, lavado de activos (Ley 155-17), estafa al Estado y chantaje y extorsión. Las penas podrían incluir hasta cinco años de prisión, multas millonarias y la disolución definitiva de Dekolor, S.R.L.
La querella, ya en poder del Ministerio Público, establece un patrón de presión sistemática contra Morrison, con el uso de influencias mediáticas, amenazas personales y ofrecimientos económicos, en lo que el funcionario califica como un intento de manipular la institucionalidad del INTRANT para intereses privados.
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