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Movimiento estudiantil contra el acoso sacude a universidades de Costa Rica

Un inédito movimiento liderado por jóvenes estudiantes para denunciar la violencia sexual está dándole una sacudida a las universidades públicas de Costa Rica, que se han visto obligadas a reaccionar para atacar el flagelo.

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San José.- Un inédito movimiento liderado por jóvenes estudiantes para denunciar la violencia sexual está dándole una sacudida a las universidades públicas de Costa Rica, que se han visto obligadas a reaccionar para atacar el flagelo.

El movimiento «Me pasó en la UCR» nació en octubre pasado en la estatal Universidad de Costa Rica (UCR) como una plataforma para recopilar testimonios de víctimas, pero adquirió mayor notoriedad esta semana luego de que estudiantes de la UCR, de la Universidad Nacional (UNA) y del Instituto Tecnológico (TEC) se unieran para declararse en «estado de emergencia».

María José Carpio Ulloa, Daniela Martínez Castillo, Maureen Porras Arias, Fabiola Bermúdez Jiménez, Eliana Quimbayo Bolaños, Danna Scarpetta Pineda y Jazmín Vega Varea, forman parte de «Me pasó en la UCR» y relataron este viernes a Efe cómo surgió el movimiento y el impacto que ha tenido.

«‘Me pasó en la UCR’ nació a raíz de un grupo de chicas hartas de ser víctimas de acoso, hostigamiento, sexismo, incómodas por toda una estructura patriarcal, por la institucionalidad patriarcal de la U que sabía que estaban sucediendo cosas y no hacía nada al respecto», declaró Maureen Porras, una estudiante de Ciencias Políticas.

Por su parte, Eliana Quimbayo, estudiante de Derecho, explicó que la declaración de emergencia conjunta entre alumnas de tres universidades públicas tiene como fin visibilizar la violencia sexual y el sexismo, para que las administraciones tomen medidas.

«Queríamos que se supiera qué es lo que está pasando dentro de las aulas, que sufrimos de acoso, de sexismo y de violencia sexual todos los días dentro de las aulas, y queríamos hacerle ver esto a la administración de las universidades y que dejen de encubrir, que tengan mecanismos más efectivos para tratar el tema», afirmó Quimbayo.

Jazmín Vega, quien cursa la carrera de sociología, detalló que entre los testimonios que ha recibido el movimiento hay casos de profesores que les dicen a las alumnas que no son aptas para ciertas carreras por el hecho de ser mujeres, así como tocamientos y hasta violaciones sexuales.

«Hay muchos profesores que buscan estudiantes en redes sociales, las acosan, las hostigan, les piden y les manda fotos, y demás cuestiones que no nos permiten desarrollarnos en un ambiente libre de violencia», comentó Vega.

La declaración de emergencia de las estudiantes ha recibido el apoyo de las mismas autoridades universitarias y del estatal Instituto Nacional de las Mujeres, y ya se han comenzado a ver resultados.

El Consejo Universitario de la UCR anunció la decisión de efectuar una revisión integral al Reglamento contra del hostigamiento sexual e hizo un llamado a todas sus sedes para que prevengan y sancionen el acoso y hostigamiento sexual, al igual que las conductas sexistas.

La estudiante de sociología Fabiola Bermúdez declaró que no es suficiente una reforma de reglamentos, sino que las acciones de la universidad deben ir más allá.

«La rectoría debe trabajar de manera integral con la sensibilización y dejar de encubrir desde arriba a los profesores que nos han hostigado. Esto no recae solo en el reglamento, recae en las personas que han normalizado el acoso y lo han justificado durante muchos años», puntualizó.

Por su parte, el Consejo Institucional del TEC decidió unirse a la declaración de emergencia y acordó repudiar todo tipo de violencia sexual hacia las mujeres, y «reafirmar el compromiso como universidad pública, de velar y contribuir en la construcción de una sociedad más justa y equitativa».

El 2019 ha sido un año en el que Costa Rica ha sido el escenario de una serie de movimientos contra los delitos sexuales que han involucrado a figuras públicas como el expresidente y Premio Nobel de la Paz Óscar Arias, acusado por violación, y a sacerdotes acusados de violación y abuso de menores.

 

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