SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Ministerio Público afirmó que le fue ratificada la medida a los imputados en el caso Coral por los nuevos elementos probatorios entre ellos destrucción de pruebas del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y de que las armas incautadas no cuentan con registro; lo que es tipificado como tráfico de armas.
Otras de las evidencias que según el órgano ejecutor presentó fueron “pagos millonarios a empresas que simularon suplir bienes que no se suministraron”.
“La realizada es que este proceso ha resultado imbatible para la defensa a tal punto que al día de hoy no han podido presentar ni siquiera un argumento que pueda afectar el caso del Ministerio Público sobre todo, tratándose de una revisión de medida de coerción”, expresó el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho.
Camacho afirmó que la defensa de los acusados no han presentado ni un solo presupuesto para que se le pudiera cambiar las medidas coercitivas a los involucrados.
“El Ministerio Público hizo su tarea y presentó presupuestos nuevos que agravan la situación de cada uno de estos imputados y que le dieron razones suficientes a la jueza razón suficiente para mantener la medida de coerción”, dijo.
El general Adán Cáceres y los demás implicados seguirán en prisión preventiva por el supuesto entramado de corrupción del desfalco al Estado por más de 3 mil millones de pesos denominado “Operación Coral”.
El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional conoció la revisión obligatoria de las medidas de coerción en su contra.
Algunos de los abogados de los acusados informaron que recurrirán ante la corte por considerar que los jueces están actuando por miedo al Ministerio Público.
El pasado 4 de mayo, la jueza Kenya Romero impuso 18 meses de prisión preventiva en contra del mayor general Adán Cáceres Silvestre, exjefe de escolta del expresidente de la República Danilo Medina; Rossy Guzmán Sánchez (La Pastora), así como del cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, hijo de la religiosa; el coronel policial Rafael Núñez de Aza, y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz. Mientras que contra Raúl Alejandro Girón Jiménez se ordenó el arresto domiciliario por razones de seguridad, por cooperar con la investigación del Ministerio Público.
Los imputados guardan prisión en los centros de corrección y rehabilitación de Najayo Hombres y Mujeres, en San Cristóbal.
Caso Coral
El 24 de abril del 2021, el Ministerio Público realizó 27 allanamiento en el Gran Santo Domingo y varias provincias del país, las autoridades ocuparon bienes inmuebles y otras posesiones que fueron adquiridas con fondos que corresponden al erario, como parte de la primera fase de la “Operación Coral”.
En una segunda fase, el órgano persecutor efectuó 18 allanamientos en distintos lugares del país, para la incautación de bienes y la recolección de evidencias, en el marco de la investigación del Caso Coral.
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), dijo en ese entonces que los allanamientos son realizados en el Distrito Nacional, La Vega, Duarte (San Francisco de Macorís), Monte Plata y la provincia Santo Domingo.
Sobre el grupo pesan acusaciones de asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.
