SANTO DOMINGO.- La Procuraduría no ha solicitado a la Suprema Corte de Justicia la designación de un juez de instrucción especial para que investigue a varios legisladores por su presunta vinculación con el lavado de activo proveniente del narcotráfico de la banda desmantelada mediante la Operación Falcón.
En el expediente salió a relucir el nombre del senador por la provincia Monseñor Nouel, quien de inmediato que no tiene ninguna relación con los vinculados al caso.
Las revelaciones de que varios legisladores son investigados por su presunta vinculación con la red de narcotráfico y lavado de activos desarticulada mediante la Operación Falcón, se tiene previsto que en las próximas horas el MP haga la solicitud al Presidente de la SCJ la designación de un juez para instruir el caso respecto a los legisladores que pudieran ser investigados.
A pesar de que Yeni Berenice Reynoso, informó que se investigan varios legisladores, en el expediente solo figuran los nombres de Nelson Marmolejos, Héctor Darío Feliz y Héctor Acosta. Este lunes el senador por Monseñor Nouel emitió un comunicado desvinculándose.
Señala el documento que en fecha 05 Erick Randiel Mosquea, Polanco, quien es señalado por las autoridades como el líder de la supuesta banda y quien se encuentra prófugo, se comunicó con el diputado por el PRM Nelson Marmolejos, para “Conversar sobre el resultado de las elecciones” y si este había ganado, ya que según la solicitud de medida de coerción, Mosquea Polanco, “fue quien financió la campaña completa”.
Este lunes, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, aseguró que ese organismo está en la disposición de colaborar con las autoridades judiciales, tras advertir que cada legislador debe responder por sus asuntos de manera personal.
Una vez que el MP haga la solicitud a la SCJ, el presidente del alto tribunal emitirá un auto designando un juez, quien tendrá las atribuciones de autorizar todas las diligencias que le soliciten para instruir el caso ya sean: allanamientos, interceptaciones telefónicas, inmovilizaciones de fondo, incautación de bienes, oposición a transferencia de muebles e inmuebles e incluso orden de arresto si el MP presenta pruebas y decidiera encausar a los investigados.
Hasta el momento, se desconoce cuántos y cuáles serían los legisladores involucrados en el escándalo de narcotráfico y crimen organizado destapado mediante la Operacion Falcón,. Por el momento, el Ministerio Público en la medida de coerción contra las 21 personas, solicitó 18 meses de prisión preventiva y que el caso sea declarado complejo.
El documento detalla que en los más de 100 allanamientos, el Ministerio Público decomisó 100 vehículos, más de 20 relojes de lujo y más de 4.3 millones de dólares en efectivo.
En caso de que algunos legisladores sean imputados por los hechos, estos serían Juzgado por la SCJ; en tanto, los demás investigados serían procesados por la jurisdicción ordinaria.