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MP de SDE logra un año de prisión preventiva contra 10 vinculados a red tráfico de indocumentados hacia EE. UU.

MP de SDE logra un año de prisión preventiva contra 10 vinculados a red tráfico de indocumentados hacia EE. UU.
MP de SDE logra un año de prisión preventiva contra 10 vinculados a red tráfico de indocumentados hacia EE. UU.

SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público de Santo Domingo Este logró el envío a prisión preventiva por espacio de un año, de 10 integrantes de una  estructura criminal imputada  de tráfico ilícito de personas hacia Estados Unidos y Europa; así como de lavado de activos.

Se trata de Rafael Senen Rosado Fermín, Christopher Tavares, Estanly Ramón Paulino de Jesús, Richard Alexandro Martínez Alcántara, Pedro Antonio de los Santos Nina, Cristian Alberto Garcés, Francis Rafael Guillén Portes, José Luis Núñez Paulino, José Antonio Durán Canela y Rubén Darío Báez Medina.

Todos enviados a la Penitenciaría Nacional de La Victoria, por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este.

Mientras contra cinco encartadas restantes, Dilia Isabel Rosado Jiménez, Katty Alexandra Urbáez Terrero, Bibiana Méndez, Jennifer Madelin Martínez Cruz y Lucitania Del Carmen Goris Abreus,   fue impuesto el pago de garantía económica por valor de RD$ 100,000.00, a través de una aseguradora, presentación periódica e impedimento de salida del país.

Los fiscales presentaron pruebas materiales, documentales y testimoniales que fueron acogidas por el tribunal para sustentar su decisión en contra de los 15 imputados de violar las disposiciones legales  contra el lavado de activos y financiamiento al terrorismo, en perjuicio de seis víctimas denunciantes y el Estado dominicano.

Según el expediente de la Fiscalía, la red tenía como objetivo principal los Estados Unidos de América y  además de proveer visados falsos, contaban con contactos que brindaban albergue a sus clientes en los países utilizados como paso. Además, cobraban entre US$ 1,500.00 y US$ 3,000.00, y dependiendo de la complejidad del viaje, si el cliente había sido deportado, el monto podía aumentar hasta los  US$17,000.00.

Los fiscales descubrieron que entre los ahora imputados había propietarios de aerolíneas privadas que organizaban los viajes ilegales y empleados de la Dirección General de Migración y Pasaportes.

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