SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público aseguró este miércoles que tiene pruebas fulminantes en contra del ex jefe del cuerpo de seguridad del ex presidente Medina, Adán Cáceres Silvestre, la pastora Rossy Guzmán y los otros cuatro implicados en el supuesto entramado de corrupción para desviar fondos millonarios de las instituciones armadas, develado mediante la Operación Coral.
Los procesados deberán comparecer nuevamente ante el juzgado de instrucción para el conocimiento de las medidas de coerción que fue aplazada para el viernes a las 10:00 de la mañana.
En una paradoja de la vida, el mayor general Adán Cáceres Silvestre pasó de custodiar la espalda del presidente Medina a ser custodiado por un dispositivo de agentes policiales que lo llevaron esposado al tribunal donde este miércoles se conocería la audiencia de medidas de coerción en contra de los miembros del entramado que supuestamente encabezaba.
Menos de dos horas después, la audiencia fue aplazada a solicitud de los abogados de defensa, quienes alegaron que no recibieron de la Fiscalía las pruebas en contra de los procesados por el desvío de más de 3 mil millones de pesos del erario público.
De acuerdo con el Ministerio Público, el grupo formaba parte de una red de corrupción que desviaba fondos públicos mediante diversas modalidades, incluido el enganche de oficiales con salarios abultados en varias instituciones militares a cambio de comisiones de sus sueldos, viáticos y gastos operativos.
Aunque en el expediente figuran los nombres de altos mandos militares como el vicealmirante Félix Alburquerque Comprés, ex presidente de la DNCD, y el general Juan Carlos Robiou, actual comandante del Cestur, ninguno ha sido ni detenido, ni citado.
Al respecto, la directora de persecución reiteró que las investigaciones están abiertas.
Además del mayor general Cáceres Silvestre y la pastora Rossy Guzmán, se encuentran detenidos por el caso el coronel Rafael Núñez de Aza, Tanner Antonio Flete Guzmán, hijo de la pastora, Raúl Alejandro Girón Jiménez y el sargento Alejandro Montero.
Al grupo les imputan los delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego
Contra el grupo, el Ministerio Público solicitó un año de prisión preventiva y que el caso sea declarado complejo.
Mientras se conocía la audiencia, a las afueras del Palacio de Justicia fue apostado un contingente militar.