Los imputados permanecerán en "La Carcelita" del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva para el domingo 26 de marzo continuar el conocimiento de medida de coerción en su contra
Santo Domingo.- El Ministerio Público asegura que el caso de corrupción denominado Calamar, que vincula al exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo a Donald Guerrero, José Ramón Peralta, así los demás 17 implicados al caso, es uno de los más complejos.
En tanto, los abogados de la defensa informaron se preparan para conocer la solicitud de medida de coerción que fue aplazada para el domingo 26 a cargo de la jueza Kenya Romero.
Saludando y sonriendo salió de la sala de audiencia el exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo. Quien se quitó la mascarilla para saludar a los representantes de los medios de comunicación.
La seguridad fue redoblada este martes en el Palacio de Justicia; para trasladar a los 20 acusados tanto a la sala de audiencia como a la cuarta planta donde funciona la cárcel.
De su lado, el órgano persecutor asegura el caso Calamar es un entramado de criminalidad organizada que operaba desde el gobierno.
Los abogados de la defensa informaron que desde ya preparan sus argumentos para la audiencia de este domingo.
Compañeros de partido de los acusados acudieron este martes al Palacio de Justicia, quienes criticaron el desempeño del MP, al señalar que es un órgano mediocre que está supuestamente a favor de la reelección.
El Ministerio Público asegura que cuenta con un expediente de tres mil páginas y más de 1,200 elementos de pruebas.
A los encartados se le acusa de incurrir en los delitos de asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedente, lavado de activos, entre otros.
Los imputados fueron arrestados la noche del sábado en medio de 40 allanamientos en el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo, San Pedro de Macorís y La Romana.
Será este domingo que el tribunal determine si acoge o rechaza la solicitud del Ministerio Público.
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