SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público estableció en la solicitud de medida de coerción que Julio Enrique Domínguez Solano realizó 18 transferencias ilícitas para extraer fondos públicos del Ministerio de Agricultura que asciende a tres millones ochocientos diez mil pesos (RD$3,810,100.00) utilizando el usuario NetBanking de Banreservas asignado a su padre, Julio Enrique Domínguez Fernández, quien es viceministro Administrativo y Financiero de la citada institución.
La solicitud detalla que dichas transferencias fueron realizadas específicamente entre el 15 de octubre de 2021 y el 12 de abril de 2022 a favor de los nombrados Antonio José Paredes Elizondo, Manuel Virgilio Delgado Espinal y Amin Ernesto González José, quienes retornaron parte de las sumas desfalcadas a la cuenta bancaria personal del principal imputado.
La primera transferencia fue el día 15 de octubre de 2021, donde se extrajeron RD$100 mil pesos de la cuenta del Programa de Apoyo a la Producción con destino a la cuenta de Banreservas de Antonio José Paredes Elizondo, quien retornó el mismo día solo RD$90 mil pesos a la cuenta de Dominguez Solano reteniendo el monto de RD$10 mil pesos.
Cinco días después, el 20 de octubre de 2021, ocurrió la segunda transferencia en donde se retiró la suma de RD$160 mil pesos de la cuenta de Fondos para Gastos Operativos con destino a la cuenta de Paredes Elizondo.
La quinta y sexta transferencia, según la solicitud, se registraron los días 10 y 11 de noviembre extrayendo de la cuenta citada anteriormente la suma de RD$450 mil pesos y RD$100 pesos, respectivamente.
La última transferencia aconteció el 12 de abril de 2022, donde el imputado sustrajo RD$300 mil pesos de la misma cuenta de Gastos Operativos a favor de la cuenta de Banreservas del ciudadano Manuel Virgilio Delgado Espinal, quién procedió a entregar solo RD$270 mil pesos a Domínguez Solano, reteniendo únicamente para su provecho RD$30 mil pesos.
«El licenciado Julio Enrique Domínguez Fernández (viceministro) se auxilió de Julio Enrique Domínguez Solano (hijo y principal imputado), quien lo cuidaba, trasladaba en el ejercicio de sus atribuciones, situación que obedecía a su avanzada edad de 80 años y al historial clínico que evidencia un estado de salud altamente delicado», señaló el Ministerio Público.
Indicaron además que el imputado no era empleado del Ministerio de Agricultura, sino del Instituto Nacional de Estabilización de Precios (Inespre), institución coordinada por la referida entidad respecto a las políticas agropecuarias.