Santiago Hazim recibía beneficios económicos como vehículos alta gama desde antes de ser nombrado en Senasa
Desde su llegada, según el MP, Hazim se rodeó de un círculo cercano de amigos y colaboradores con quienes instauró en la institución un entramado criminal estructurado y funcional.
Santiago Hazim, principal acusado por el Ministerio Público en el caso Cobra.
Santo Domingo.– De acuerdo con la solicitud de medida de coerción del Ministerio Público, el doctor Santiago Marcelo Hazim Albainy, principal acusado en el caso Cobra, recibía beneficios económicos como vehículos alta gama, por parte de empresarios desde antes de ser nombrado en el Seguro Nacional de Salud (Senasa).
Asimismo, estableció una serie de compromisos económicos para cumplir cuando asumiera el control de esta institución pública.
El expediente del MP señala que todas las supuestas maniobras fraudulentas que operaban en la aseguradora estatal iniciaron el 21 de agosto de 2020, cuando mediante el decreto número 377-20, Hazim fue designado como director ejecutivo en Senasa.
Desde su llegada, según el MP, se rodeó de un círculo cercano de amigos y colaboradores con quienes instauró en la institución un entramado criminal estructurado y funcional, a través del cual diseñó un esquema de corrupción institucionalizada, caracterizado por la recepción de sobornos.
Además, la falsificación del contenido de los estados financieros (borderau), creación de programas fraudulentos, privatización de la atención primaria, coalición de funcionarios, prevaricación, y estafa en perjuicio del propio Estado dominicano, al cual estaba obligado a servir y proteger.
- De las diligencias de investigación practicadas se desprende que los imputados diseñaron e implementaron un sistema criminal prolongado en el tiempo, destinado a obtener beneficios económicos ilícitos mediante el desvío de fondos públicos, la manipulación de procesos de contratación y compras, y la utilización de mecanismos fraudulentos en la gestión de los recursos destinados a la salud de los ciudadanos.
Segú el MP, este entramado delictivo no solo ocasionó un cuantioso daño patrimonial al Estado dominicano, sino que además afectó de manera directa los derechos fundamentales de miles de afiliados del sistema de seguridad social, al comprometer los recursos destinados a garantizar la atención médica y la cobertura de salud de la población más vulnerable.
Las evidencias obtenidas hasta el momento, indica el Ministerio Público, han permitido identificar distintos ejes operativos de corrupción y fraude, materializados por esta estructura criminal integrada por empresarios, profesionales de la salud, personas particulares y funcionarios públicos, dirigidos por el imputado Santiago Marcelo Hazim Albainy.
Creación de comité fraudulento
El Ministerio Público detalla que a la llegada del imputado Santiago Marcelo Hazim Albainy a la Dirección Ejecutiva de Senasa, no existía el Comité de Contrataciones Médicas dentro de la estructura institucional.
El MP señaló que fue él quien creó dicho comité de forma arbitraria, sin sustento legal, normativo ni procedimental, alterando por completo el mecanismo previamente vigente para la evaluación y aprobación de prestadores de servicios de salud.
- La conformación de este comité fue integrada por los gerentes más cercanos a su círculo de control, como son: Francisco Iván Minaya (Gerente de Salud), Roberto Canaán (Gerente de Atención al Usuario), Gustavo Guilamo (Coordinador de Gabinete), Germán Robles (Consultor Jurídico) y Carmen José Velázquez (Gerente de Afiliación). Este comité respondió exclusivamente a la intención de concentrar las decisiones de contratación en un grupo reducido de colaboradores de extrema confianza, todos bajo su línea directa de autoridad.
Las evidencias recopiladas del MP hasta el momento demuestran que ese “comité” operó como un instrumento creado por el imputado Santiago Marcelo Hazim Albainy, para favorecer de manera directa, selectiva y discrecional a prestadores de salud vinculados a su círculo político, de amistad.
Así como a personas y empresas vinculados a los intereses personales, políticos y económicos de éste imputado, el cual procuraba beneficiar a las personas que le apoyaron en términos políticos, como aquellos que le entregaban sobornos.
Para asegurar el control de las aprobaciones en los contratos, el MP indica que el imputado Santiago Marcelo Hazim Albainy incluía, además, a sus asistentes más cercanas, las señoras Johana Fernández y Johanna Grullón.
Estas personas incluso, en ausencia del propio director ejecutivo, llegaban a las reuniones con listas predeterminadas de prestadores que debían ser aprobados por órdenes directas de este, utilizando expresiones como “eso es del CEO”, “eso es del Olimpo” o “vino respaldado”, las cuales funcionaban como órdenes inapelables.
El MP destaca que, este comité funcionaba al margen del comité de compras y contrataciones públicas establecidos por la ley 340-06, ya que amparados en la ley 87-01, estos servicios eran identificados como “servicios de salud”, aunque en algunos casos no lo fueran, para así poder contratarlos sin ninguna restricción ni procedimiento.
- El Ministerio Público dice que comprobó que el imputado Santiago Marcelo Hazim Albainy, en su condición de Director Ejecutivo, se coalicionó de manera deliberada y consciente con los gerentes ubicados dentro de su círculo más estrecho de control, a saber: Francisco Iván Minaya (Gerente de Salud), Roberto Canaán (Gerente de Atención al Usuario), Germán Robles (Consultor Jurídico) y Carmen José Velázquez (Gerente de Afiliación).
Esta coalición criminal tuvo como propósito común el desviar el proceso institucional de contrataciones y utilizarlo como un mecanismo ilícito para beneficiar únicamente a prestadores de servicios de salud vinculados a los intereses personales, políticos y económicos del propio Santiago Hazim.
- Estos funcionarios actuaron como un bloque articulado, sometido a las instrucciones directas del imputado Santiago Marcelo Hazim Albainy, para aprobar contratos a prestadores que no cumplían con los requisitos mínimos legales ni técnicos, por ser promovidos por el director ejecutivo por pertenecer a su círculo político, por mantener relaciones de amistad, o por haber aportado recursos a campañas electorales, según las declaraciones de la analista de contrataciones Nidia Esmeralda Valdez. Valdez justificaba estas decisiones bajo expresiones como "aportó en la campaña" o "hay que ayudarlo".
De igual modo, se aprobaban prestadores que pagaban sobornos para ser incluidos dentro de la red de servicios del Seguro Nacional de Salud (SENASA), configurándose así un esquema ilícito sostenido y operado desde la cúpula directiva.
Coalición de funcionario en Senasa
La coalición de funcionario que funcionaba dentro del Seguro Nacional de Salud (SENASA), los cuales tenían roles definidos están los siguientes:
Germán Robles, consultor jurídico, el cual ejercía un poder determinante, imponiendo la aprobación de prestadores preferenciales y gestionando de manera directa contratos fuera del proceso regular.
Francisco Iván Minaya, gerente de salud, quien homologaba acuerdos, dirigía las reuniones del Comité de Contrataciones de Prestadores que creó el imputado Santiago Hazim Albainy de forma fraudulenta y validaba procesos, aunque existieran informes que demostraban que ciertos prestadores no cumplían con los requisitos;
Roberto Canaán, gerente de atención al usuario, quien se valía de su influencia interna para presionar la habilitación y ampliación de prestadores sin documentación o infraestructura adecuada
Carmen José Velázquez, gerente de afiliación, quien participaba en la validación y firma sistemática de actas que recogían decisiones previamente pactadas con el imputado Santiago Marcelo Hazim Albainy.
- Todos estos funcionarios actuaban no en beneficio del interés general, sino como instrumentos ejecutores de un esquema organizado de corrupción, orientado a garantizar ganancias políticas y económicas, tanto para el director ejecutivo, para ellos mismos y para su red de aliados, actuando contrario a la Constitución, la ley 340-06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones y la ley 87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social.
El Ministerio Público ha podido comprobar que los imputados Santiago Marcelo Hazim Albainy, Francisco Iván Minaya, Germán Robles, junto a Roberto Canaán y Carmen José Velázquez, constituyeron una asociación ilícita dentro del Seguro Nacional de Salud (SENASA), destinada a manipular y controlar los procesos de contratación de prestadores de salud, sustituyendo los criterios técnicos por criterios políticos, personales y económicos, y vendiendo decisiones a través de sobornos, en franca violación a la ley, a la ética pública y a los intereses del Estado dominicano. Se trata de una conducta sistemática, sostenida y estructurada que compromete plenamente la responsabilidad penal de cada uno de los involucrados.
Este mecanismo irregular, según el MP, permitió que centros sin habilitación, sin infraestructura, sin documentos y, en algunos casos, que ni siquiera eran prestadores, fueran aprobados únicamente por conveniencia política y/o económica.