SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público presentó la solicitud de medida de coerción contra los siete directivos de la Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera (Coop-Herrera) arrestados tras una investigación del programa El Informe con Alicia Ortega.
Según el documento al que Noticias SIN tuvo acceso, explica que dentro de las características del entramado financiero para blanquear los capitales y bienes adquiridos, diversificaron distintas actividades económicas, adquiriendo programas de radio, agencias de viajes, negociando la adquisición de acciones en bancos múltiples.
A esta característica le siguió la adquisición de bienes suntuosos como villas, vehículos alta gama, yates utilizando como método de pago los certificados financieros desprovistos de garantía o sin respaldo colateral, los cuales generaban intereses mensuales que eran retirado por los vendedores, y cobrando muchos de estos la cancelación total de los mismos, sin embargo, el dinero pagado salía de los ahorros de los socios.
Añade que fue creada una estructura delincuencial que respondía de forma exclusiva al presidente de la cooperativa, quien luego se convirtió en Administrador General, colocando en el consejo de administración, gerencia de crédito, gerencia general, auditoría, y las distintas áreas administrativas, familiares y personas de extrema confianza que le permitían manejar los fondos de los socios como si fuera un patrimonio propio.
También, especifica que a través de documentos falsos como garantías, se hicieron beneficiarios de préstamos millonarios los cuales no fueron pagados, sino que dicho dinero fue sustraído de los fondos de los ahorrantes.
La acusación indica que simulaban reestructuraciones de préstamos de forma mensual y anual para hacer aparentar los balances como positivos en los estados financieros de la cooperativa, pero nunca se pagaban las cuotas de dichos créditos.
Sostiene que la red creaba créditos falsos que luego se desembolsaron en las cuentas de los socios que participaban en la estructura criminal, y con estos simulaban la apertura de certificados financieros a plazos (sin respaldo económico), los cuales generaban intereses que si eran retirados en efectivo o usados para pagar las nóminas de las empresas que participaban en la red.
También atribuye que los bienes adquiridos con el dinero de los socios eran colocados a nombre de empresas y de terceras personas, cercanas a los miembros de la estructura criminal.
Según el órgano acusador, en los últimos días del mes de diciembre de cada año, eran librados cheques de parte de los socios miembros de la red delictual, por sumas millonarias de dinero, y les daban entrada a los estados financieros de la cooperativa, sin embargo, en los primeros días de enero eran devuelto por falta de fondo. Esta operación permitía reflejar una ficticia liquidez al cierre del año, aunque luego el valor nuevamente aparecía con un valor en negativo.
Estipula que se falsificaron certificados de depósitos a plazo fijo para poder reflejar una ficticia liquidez, constituyendo esto una falsificación de valores o títulos. También, se alteraban los estados financieros de la cooperativa para reflejar una liquidez aparente y de esta forma poder seguir atrayendo socios e inversiones, y asegurarse de que se continuarán las operaciones.
La solicitud detalla que fue disuelto desde inicio del año 2020, por el Consejo de Administración, el comité de crédito luego de haber rechazado la autorización de préstamo para uno de los socios miembros de la red, pues la garantía presentada no era idónea, sin embargo, se libraban actas con firmas escaneadas de los miembros de este.
Otras de las características presentadas por el MP, es que alteraban los sistemas con la incorporación de datos falsos, haciendo parecer que las cuentas de ahorro de determinados socios habían recibido cantidades de dinero por caja, el cual nunca ingresaba a las cuentas de la cooperativa ni a la bóveda de esta.
Asimismo, se otorgaban préstamos millonarios simulados a personas, sin perfil financiero idóneo, y luego con ellos abrían certificados financieros y se simulaba el pago de otros créditos de miembros de la red.
Se creaban certificados financieros falsos a nombre de los mismos miembros de la red, quienes tomaban préstamos a la cooperativa y lo pagaban con intereses generados de los certificados sin respaldo.
