Santo Domingo.- La medida de coerción solicitada contra Jochi Gómez y Hugo Beras, ex director del INTRANT, establece que ambos desempeñaron roles clave en la organización criminal que desvió fondos públicos mediante la manipulación de contratos estatales y el lavado de activos.
El documento del Ministerio Público consta de 304 páginas y plantea que por la gravedad de los hechos imputados y cometidos, la posible pena a imponer en un juicio de fondo, podría ser de hasta 20 años.
El relato del Ministerio Público expone que mientras Beras utilizó su cargo para adjudicar contratos de manera fraudulenta, Gómez se benefició económicamente y operó las empresas que sirvieron como vehículos para el saqueo de fondos estatales, todo esto bajo un manto de legalidad aparente, pero basado en falsificación de documentos, usurpación de identidades y abuso de poder .
A Jochi Gómez, dueño de Aurix, le atribuyen la responsabilidad de al menos cinco violaciones graves a las leyes. A continuación un desglose, según el Ministerio Público:
2.Usurpación de identidad empresarial: Para lograr que Transcore Latam S.R.L. fuera adjudicada en la licitación, Gómez Canaán usurpó la identidad de la empresa estadounidense TransCore LP. Creó la empresa Transcore Latam S.R.L. en República Dominicana con documentación falsa, simulando que era una filial de la entidad estadounidense, lo que fue desmentido posteriormente por los representantes legales de dicha empresa .
3.Lavado de activos: Una vez adjudicado el contrato a Transcore Latam S.R.L., Gómez Canaán, a través de una red de transferencias bancarias, desvió el dinero obtenido del Estado a otras cuentas vinculadas a INPROSOL S.R.L. y a sus socios en el esquema de corrupción. Estas operaciones financieras se utilizaron para movilizar fondos ilícitos y blanquear el dinero derivado de la corrupción.
4.Sabotaje de la red semafórica: Gómez Canaán es acusado de utilizar su control sobre la red semafórica para sabotear el sistema a finales de agosto de 2024, causando caos en el tránsito de Santo Domingo. Este acto de sabotaje es parte de una serie de actos que las autoridades catalogan como terrorismo contra infraestructuras críticas del Estado .
5.Acceso ilegal a tecnología de defensa: Gómez Canaán logró que el Ministerio de Defensa le otorgara, de manera ilegal, contratos para adquirir y utilizar tecnología reservada para las agencias de inteligencia y defensa del Estado. Esta tecnología fue introducida en el país y utilizada para actos ilícitos, como el espionaje y la manipulación de sistemas de seguridad, lo que representó un grave riesgo para la seguridad nacional .
Mientras, estas son las supuestas violaciones de Hugo Beras:
1. Adjudicación fraudulenta de contratos: Hugo Beras, durante su mandato en el INTRANT entre agosto de 2022 y noviembre de 2023, dirigió la adjudicación de contratos millonarios a empresas que no cumplían con los requisitos técnicos, principalmente a Transcore Latam S.R.L. y Aurix S.A.S., ligadas a José Ángel Gómez Canaán. Esta adjudicación fue parte de un proceso de licitación manipulado desde el inicio para favorecer a estas empresas, sin transparencia ni competencia justa .
2.Inflación del presupuesto: Uno de los actos más graves de corrupción fue el aumento injustificado del presupuesto para la modernización del sistema de semáforos y videovigilancia del Gran Santo Domingo, que pasó de RD$104 millones a RD$1,200 millones, sin estudios técnicos que justificaran este incremento. Esta inflación presupuestaria permitió desviar más fondos hacia la red de corrupción.
3.Manipulación del proceso de licitación: Beras, en conjunto con sus colaboradores Frank Atilano y Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, diseñaron un pliego de condiciones a medida de Transcore Latam S.R.L., empresa de fachada de José Ángel Gómez Canaán. Este pliego se presentó sin participación de los miembros del Comité de Compras, y su elaboración se llevó a cabo fuera de las instalaciones del INTRANT, en la sede de Aurix S.A.S. (empresa de Gómez) .
4.Falsificación de documentos: Hugo Beras autorizó y participó en la creación de documentos falsificados, como certificaciones que aseguraban la correcta entrega de bienes y servicios por parte de las empresas contratadas, cuando en realidad estos servicios no se habían ejecutado. Además, bajo su dirección, se certificó falsamente que el Intrant contaba con los fondos necesarios para realizar la licitación, cuando estos fondos no estaban disponibles hasta varios meses después .