MP solicita 18 meses de coerción para implicados en operación Colibrí

SANTIAGO.- 18 meses de prisión preventiva y declarar el caso como complejo es lo que solicitará el Ministerio Público contra los implicados en la denominada operación Colibrí.

Según el órgano acusador, la presunta organización se dedicaba a la falsificación de documentos públicos, incluyendo actas de nacimiento, cédulas de identidad, títulos universitarios, títulos de propiedad, licencias de conducir y permisos para porte de armas, para venderlos a ciudadanos dominicanos y extranjeros.

Los imputados que figuran en la presunta red delictiva son Luis Manuel Rodríguez Taveras, William Ramón Rodríguez Rodríguez,  Samuel Elías Ceballos Ramos, Ana Delia Isidra Tavarez Soto, Tomás Enmanuel Rojas Guzmán,  Julio César Almonte Espinal, Arsenio Rafael Reyes, Yanuel Morales, Noel de Jesús Padilla Minaya,  Fausto Merán, José Rosario Marte, José Alfonso Acevedo García, José Miguel Cruz Hiraldo, Rubén Amauris Ramírez, Rubén Darío Núñez Ortega y José Carlos Montero Troncoso, este último, un empleado de la Junta Central Electoral. 

Contra los apresado, la fiscalía de Santiago presentó cargos provisionales por violación a los artículos 265, 266, 145, 147, 148, 150 y 151 del Código Penal Dominicano; también los artículos 13 y 14 numeral 4 de la Ley 8-92 sobre Cédulas de Identidad y Electoral; artículos 86 y 88 de la Ley 172-13 sobre Protección Integral de los Datos Personales; artículo 6 párrafos 17, 18 y 19 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.

Otras de las imputaciones del MP, es la suplantación de identidad de personas dominicanas fallecidas para facilitar a ciudadanos haitianos actas y cédulas dominicanas. 

“Falsificaban documentos de organismos de seguridad del Estado como el J-2 del Ejército, el Ministerio de Interior y Policía, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), entre otros organismos. Tenían en su poder plástico y hojas timbradas de distintas instituciones como el Poder Judicial el Banco de Reservas, el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (INTRANT) y la Jurisdicción Inmobiliaria de Santiago”, añade el comunicado.