SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Muchas expectativas rodean el caso del Banco Peravia y el desenlace que tendría luego de que la Superintendencia de Bancos iniciara un proceso judicial contra sus ejecutivos al someter un informe ante la Fiscalía del Distrito sobre la quiebra de la institución de intermediación financiera.
Se recuerda que el pasado lunes 2 de febrero el superintendente de Bancos, Luís Armando Asunción, en rueda de prensa convocada de emergencia, hizo además el anuncio de la disolución del Banco Peravia.
Con estas acciones, la Superintendencia de Bancos acogió una resolución de la Junta Monetaria donde atribuye a los ejecutivos del Banco Peravia operaciones que evidencian violaciones a la Ley Monetaria y Financiera, al Código Penal y a la Ley Contra Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas y Otras Infracciones Graves.
El informe remitido por la Superintendencia de Bancos a la consideración del Ministerio Público destaca que la cúpula de la referida entidad cometieron un fraude por mil 419 millones de pesos equivalentes al 75.3 por ciento de la cartera de crédito de ésta, a través de mil 292 créditos en perjuicio de los ahorrantes y depositantes.
Además, que los directivos establecieron un esquema de operaciones ilegales que les permitió extraer de la entidad los recursos captados del público y los aportes de capital requeridos para cubrir las debilidades presentadas producto de su inadecuada gestión.
Al día siguiente, el martes 3 de febrero, la Superintendencia publicó los Términos de Referencia Segunda de la Licitación Pública Nacional de los Activos y Pasivos del Banco Peravia de Ahorro y Crédito, con motivo del proceso de disolución.
Esto comprende la venta de RD$23.7 millones de pesos de la cartera de crédito validada por los clientes ante notario público. A nivel de los pasivos, se incluye la cobertura del Fondo de Contingencia de 323 depositantes no vinculados a la entidad con depósitos mayores a RD$500 mil pesos.
Este jueves, el procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, fue cuestionado sobre el tema y destacó que la Fiscalía y la Superintendencia trabajan intensamente para completar el expediente.
Mientras tanto, varias propiedades han sido incautadas a los ejecutivos del Banco Peravia. Su presidente y vicepresidente, José Luís Santoro y Gabriel Jiménez Aray, salieron del país para evitar ser procesados por este fraude.
La incógnita a despejar es si estos señores estarían o no en Venezuela. De ser así, el principio de no entrega de sus nacionales está consagrado en el Artículo 69 de la Constitución Bolivariana. Esperemos, entonces, para ver a qué recurso acudirán las autoridades locales.