SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Por civilidad y apego a la convivencia civilizada, en SIN condenamos cualquier forma o modalidad de violencia que ponga en peligro la paz pública, provenga de donde provenga, no importa quienes sean sus promotores.
La violencia sólo engendra violencia y una vorágine que si no es controlada a tiempo, puede causar un irreparable daño en la libertad y la apertura democrática de cualquier nación.
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En ese sentido, lamentamos que un oficial policial haya fallecido a causa de un disparo durante los incidentes en la UASD y nos unimos al dolor que embarga a su familia. De la misma forma, siempre rechazaremos cualquier exceso policial que ponga en peligro la vida de estudiantes o ciudadanos en general, como ocurrió el año pasado, cuando un estudiante fue asesinado en la universidad estatal.
Pero dicho esto, tenemos que admitir que en el ánimo público se percibe un estado de impotencia por deficiencias en vitales servicios, lo que es un caldo de cultivo para las protestas de grupos populares.
Esto explica de alguna manera la frustración y estado de indignación de familias de escasos recursos que no tienen acceso a los beneficios de grupos favorecidos por el pastel oficial, mientras ellas sufren los rigores de los apagones, la escasez de agua potable y el alto costo de la vida.
La queja es igualmente comprensible por la timidez al enfrentar la corrupción, que por la inacción de las autoridades y particularmente de la justicia, se queda en la impunidad y sin las debidas sanciones.
El Gobierno está compelido a poner atención a toda esta situación antes de que el creciente descontento popular pueda desbordar la capacidad de garantizar la paz social y una atmósfera de equilibrio y gobernabilidad.