La Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua reformó este miércoles la Ley de Zonas Francas de Exportación, que amplía los beneficios fiscales, aduaneros y administrativos para las empresas que operan bajo ese régimen por un período de 15 años, prorrogables.

Las Zonas Económicas Especiales (ZEE) ofrecen 10 años prorrogables de exención de impuestos, mientras que las Zonas Francas de Exportación (ZFE) ofrecen 15 años de gracia fiscal, pero por una sola vez.

Los cambios establecidos en la reforma harán que ese período de 15 años sea prorrogable de manera indefinida.

Beneficios fiscales ampliados

La industria manufacturera reportó una pérdida del 6,9 % de los cotizantes al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS). Eso representa 11,954 personas menos trabajando en ese sector, según datos del Banco Central.

La reforma también ordena que la exoneración incluya el pago de los impuestos que gravan las ganancias de capital obtenidas por las empresas operadoras y sus socios, por sus operaciones en el régimen de zonas francas en Nicaragua.

Es decir, los inversionistas no pagarán impuestos por los dividendos que generen en su calidad de accionistas de esas empresas.

Impacto en la industria manufacturera

Previa a esa enmienda, la ley eximía el 100 % del pago del Impuesto sobre la Renta (IR) de actividades económicas y del impuesto sobre los dividendos obtenidos en el régimen de zonas francas por los primeros 10 años de funcionamiento, y se reducía al 60 % a partir del undécimo año.

La reforma de ley permite extender de forma permanente esa exención. Además, se ordena que el resto de beneficios fiscales estén vigentes por tiempo indefinido.

Las exportaciones de las zonas francas en Nicaragua totalizaron 3.581 millones de dólares en 2025, lo que significó un incremento de 1,6 % respecto al 2024 (3.524,3), según los datos oficiales.

Analistas económicos advierten que la ampliación indefinida de estos beneficios podría generar un mayor atractivo para la inversión extranjera, pero también plantea interrogantes sobre el impacto fiscal a largo plazo para el Estado de Nicaragua.

Mientras el Gobierno apuesta por dinamizar el empleo y fortalecer el sector exportador, algunos expertos señalan la necesidad de equilibrar los incentivos con políticas que garanticen ingresos sostenibles y una mayor diversificación económica.