Ciudad de Guatemala.– Organizaciones de mujeres indígenas de Guatemala exigieron este jueves una reforma estructural del Ministerio Público (Fiscalía) al nuevo fiscal general designado, Gabriel García Luna, con el objetivo de garantizar el acceso a la justicia con enfoque de género y poner fin a lo que califican como ocho años de coerción política.
En una conferencia de prensa en la capital guatemalteca, la Articulación y Diálogo de Organizaciones de Mujeres Indígenas presentó una hoja de ruta dirigida a la próxima gestión del fiscal, cuyo inicio está previsto para el 17 de mayo tras su nombramiento por el presidente Bernardo Arévalo de León.
El colectivo planteó la necesidad de impulsar cambios institucionales para asegurar la independencia del Ministerio Público, combatir la corrupción sin selectividad y establecer mecanismos con pertinencia cultural para garantizar el acceso de las mujeres indígenas al sistema de justicia sin discriminación.
Denuncian crisis institucional y pérdida de credibilidad
La representante de la organización Majawil Q’ij, María Morales, señaló la urgencia de recuperar la credibilidad del Ministerio Público, actualmente dirigido por Consuelo Porras Argueta, quien ha sido sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea por señalamientos relacionados con corrupción y debilitamiento democrático.
Las organizaciones advirtieron que el futuro de la nueva gestión dependerá de su capacidad para desmantelar estructuras que, según afirmaron, han instrumentalizado la justicia con fines políticos.
- En ese contexto, insistieron en la necesidad de una depuración interna profunda que permita reconstruir la confianza ciudadana en la institución.
Exigen depuración y fin de la persecución política
La vocera de la Asociación Grupo Integral de Mujeres Sanjuaneras (AGIMS), Esperanza Tubac, afirmó que es imprescindible eliminar del Ministerio Público a quienes, según dijo, contribuyeron durante ocho años a convertir la institución en un instrumento de persecución política.
“Exigimos la depuración del Ministerio Público de todos aquellos elementos que se prestaron para hacer de la institución un instrumento de coerción política y captura del sistema judicial”, expresó Tubac durante su intervención.
Gabriel García Luna asumirá el cargo en un contexto marcado por denuncias de presunta persecución contra periodistas, líderes indígenas y operadores de justicia durante la gestión de Consuelo Porras Argueta, quien ocupa el puesto desde 2018.
Las organizaciones advirtieron que la transparencia y la rendición de cuentas serán los principales indicadores para evaluar si el cambio de fiscal general representa una transformación real o la continuidad de la impunidad en el país centroamericano.