San José.– La presidenta de Costa Rica, la derechista Laura Fernández, firmó este viernes su primer decreto presidencial con el que elimina los llamados beneficios carcelarios, medida que reduce el tiempo de condena de personas privadas de libertad, marcando así el inicio de una política de mano dura contra el crimen organizado.
El anuncio se produjo durante los primeros actos oficiales de su administración, en los que la mandataria reafirmó su intención de endurecer el sistema penitenciario y reforzar la seguridad nacional frente al avance del narcotráfico y el crimen organizado en el país.
Fin de la reducción de penas en el sistema penitenciario
La presidenta Laura Fernández explicó que con el nuevo reglamento el año carcelario quedará establecido en 360 días naturales, eliminando cualquier interpretación que permita reducir el tiempo efectivo de condena de los reclusos.
Durante una sesión del Consejo de Gobierno, la mandataria afirmó que con esta medida se termina lo que calificó como “alcahuetería penitenciaria”, asegurando que las personas condenadas cumplirán íntegramente su sentencia sin reducciones adicionales.
- Asimismo, sostuvo que el objetivo es cerrar espacios legales que, según su criterio, debilitaban el sistema de justicia penal y afectaban la seguridad ciudadana en Costa Rica.
Reforma del Estado y nuevas cárceles de alta seguridad
Fernández reiteró en su discurso de investidura su intención de impulsar una reforma profunda del Estado, con el fin de construir lo que denominó una “nueva Costa Rica”, centrada en el combate frontal contra la criminalidad.
La mandataria anunció además la construcción de una mega cárcel con capacidad para 5.000 internos, inspirada en modelos de alta seguridad como el implementado en El Salvador bajo el gobierno de Nayib Bukele, así como la creación de un centro de control tipo C5 para reforzar la vigilancia y coordinación policial.
También envió a la Asamblea Legislativa varios proyectos, entre ellos la creación de una Ciudad Gobierno, una marina en la provincia de Limón y la posible explotación de minería a cielo abierto en la zona de Crucitas, iniciativas que buscan reactivar la economía y centralizar la gestión estatal.
Con una mayoría de 31 diputados oficialistas, el nuevo gobierno cuenta con margen para aprobar leyes ordinarias, aunque deberá negociar con la oposición para reformas estructurales que requieran mayoría calificada en el Congreso.