En Panamá, la Asamblea Nacional evalúa un proyecto de ley que propone endurecer las sanciones por femicidio y otros delitos sexuales, en medio de un contexto de aumento de la violencia contra las mujeres en el país.

Penas más severas

La iniciativa plantea penas de entre 30 y 50 años de prisión para quienes causen la muerte de una mujer en determinadas circunstancias de violencia de género.

La propuesta legislativa busca modificar varios artículos del Código Penal, incluyendo disposiciones relacionadas con delitos sexuales, violencia de género y crímenes contra la vida.

Uno de los puntos centrales establece que la pena más alta se aplicaría cuando el agresor tenga o haya tenido una relación de pareja con la víctima, o cuando exista un vínculo de intimidad, confianza o relación laboral o educativa. También se contemplan agravantes si el hecho ocurre frente a los hijos de la víctima.

Actualmente, el femicidio en Panamá está tipificado con penas de 25 a 30 años de prisión, según la Ley 8 de 2013. Sin embargo, los proponentes del nuevo proyecto consideran que las sanciones vigentes no son suficientes ante la gravedad de los casos registrados en los últimos años.

El caso más reciente ocurrió esta semana en el distrito de San Miguelito, donde una mujer identificada como Gisela Edith Urrunaga Sánchez fue hallada muerta, presuntamente a manos de su pareja. De acuerdo con reportes locales, la víctima habría estado retenida contra su voluntad antes del hecho, lo que ha generado mayor indignación pública.

El proyecto también incluye reformas adicionales al Código Penal, como cambios en medidas alternas de cumplimiento de pena y restricciones para que personas condenadas por estos delitos puedan ejercer funciones públicas.

Otros cambios penales

En paralelo, las autoridades judiciales han intensificado acciones contra delitos sexuales. Recientemente, se informó sobre la detención provisional de un joven de 19 años acusado de violación agravada contra una menor en la comarca de Guna Yala, caso que terminó con el embarazo de la víctima.

La discusión de esta iniciativa legislativa ha reabierto el debate nacional sobre la necesidad de penas más severas y políticas más efectivas para prevenir la violencia de género en Panamá.