El exdirector de la Policía de Investigación (PDI) del estado mexicano de Sinaloa, Marco Antonio Almanza Avilés, negó este sábado que se haya entregado a las autoridades estadounidenses al ser, junto con el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, uno de los diez funcionarios acusados por Estados Unidos por los cargos de narcotráfico y posesión de armas.
El día de ayer fui objeto de mucha desacreditación. Yo, el martes, rendí unas declaraciones ante los medios de comunicación, con lo cual sigo firme, pero con la desacreditación que me vienen dando los otros medios, no estoy de acuerdo”, declaró Almanza en un video circulado en redes sociales.
Desde un jardín botánico en Culiacán, capital de Sinaloa, el funcionario invitó a los medios de comunicación “a que digan la verdad”, luego de que el viernes se difundiera la noticia de que se había entregado al país norteamericano.
Almanza no ofreció detalles sobre si ya compareció en la Fiscalía General de la República (FGR) sobre los delitos que se le acusan, como lo han hecho otros funcionarios, entre ellos Rocha Moya.
Acusación y lista señalada
El pasado 29 de abril, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York divulgó la acusación contra Almanza y otros nueve funcionarios por presuntamente “conspirar con líderes del cártel de Sinaloa para importar cantidades masivas de narcóticos a EE. UU. a cambio de apoyo político y sobornos”.
La lista difundida por el Departamento de Justicia incluyó, además de Almanza, a Rocha Moya, al senador Enrique Inzunza Cázares, al exsecretario estatal Enrique Díaz Vega, a Dámaso Castro Zaavedra, a Alberto Jorge Contreras Núñez, Gerardo Mérida Sánchez, José Antonio Dionisio Hipólito, Juan de Dios Gámez Mendívil y Juan Valenzuela Millán.
- Por su parte, la Fiscalía General de la República (FGR) ha descartado que los 10 exfuncionarios cuenten con ficha roja de búsqueda y detención por parte de la Interpol.
Respuesta de autoridades
Tras conocerse el caso, Rocha Moya solicitó licencia temporal el 1 de mayo y afirmó que las acusaciones son “falsas y dolosas”, al igual que el senador Inzunza, quien también pidió licencia y actúa como defensor de su caso.