Una ONG denuncia el empleo "sistemático" de la "represión por asociación" en Cuba

Cubalex denunció el uso sistemático de la represión por asociación en Cuba, afectando a familiares y amigos de opositores, lo que consideran una violación de derechos humanos.

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Una ONG denuncia el empleo "sistemático" de la "represión por asociación" en Cuba

 La ONG Cubalex denunció este martes el empleo «sistemático» de «la represión por asociación» en Cuba, el «castigo» a un opositor o activista a través de «la presión estatal» a sus familiares y amistades, algo que, a su juicio, constituye una violación de los derechos humanos.

Cubalex explicó —en un comunicado— que «ha identificado esta práctica como represión por asociación» y que «no se trata de hechos aislados, sino de un patrón represivo sistemático y selectivo que convierte los vínculos familiares, afectivos y comunitarios en instrumentos de presión estatal».

Patrón represivo denunciado

La ONG relata casos en los que la represión de las autoridades cubanas afecta a familiares directos de opositores, activistas, periodistas independientes, defensores de los derechos humanos y exiliados. Cubalex indica que, en ocasiones, las autoridades emplean el sistema penal «como mecanismo de represalia».

  • Al respecto, la organización cita expresamente los casos de Jordania Pérez Quevedo, hermana de la presa política Yanet Pérez Quevedo, y el de Wendy Campuzano, hija de Armando Campuzano y condenada a dos años de cárcel.

La finalidad es castigar indirectamente a las personas señaladas, debilitar sus redes de apoyo, impedir la circulación de denuncias y extender las consecuencias de la disidencia al entorno familiar, social o comunitario», señala la ONG.

Impacto en derechos

Cubalex resalta que la represión por asociación «afecta múltiples derechos fundamentales reconocidos por el derecho internacional de los derechos humanos» e incluso vulnera la legalidad cubana. A su juicio, esta práctica podría suponer delitos de abuso de autoridad, ejecución indebida de sanciones o medidas de seguridad, prevaricación y denegación de auxilio.

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Identificar y denunciar este patrón es un paso fundamental para combatir la impunidad, proteger a las víctimas y reconocer una modalidad de persecución política que afecta no solo a quienes alzan la voz, sino también a quienes los acompañan, apoyan o simplemente comparten un vínculo con ellos», concluye la ONG

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