La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, expresó su preocupación por una posible invasión de mineros ilegales provenientes de Nicaragua, debido a las concesiones mineras otorgadas en ese país a empresas chinas en zonas cercanas a la frontera bilateral.
Fernández advirtió que la situación en el área de Indio Maíz podría generar un desplazamiento de mineros artesanales hacia territorio costarricense, lo que, según dijo, podría convertirse en una crisis de gran escala.
La mandataria alertó además que la actividad de los llamados “coligalleros” ya representa un problema creciente en la región fronteriza y que, de no tomarse medidas, podría convertirse en una crisis de seguridad para Costa Rica.
Preocupación por expansión de minería ilegal
“Me preocupa enormemente lo que va a pasar con Indio Maíz en Nicaragua… cuando esa empresa tome control, ¿para dónde creen que se van a venir esos coligalleros?”, expresó Fernández durante una gira en la localidad de Las Crucitas, zona afectada por la minería ilegal de oro.
La presidenta calificó la situación como una “bomba de tiempo” y advirtió que el país podría enfrentar un aumento descontrolado de personas vinculadas a la extracción ilegal de oro.
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“Esto es una fiebre del oro. El oro no se va a ir de aquí y cada vez se van a meter más personas, mejor financiadas por el crimen organizado”, agregó la mandataria.
Concesiones mineras y tensión en la frontera
De acuerdo con registros de la ONG Fundación del Río, el Gobierno de Nicaragua ha otorgado entre 2021 y 2026 concesiones mineras en 84 lotes a 19 empresas chinas, abarcando más de 1,2 millones de hectáreas, lo que equivale a más del 8,5 % del territorio nicaragüense, incluyendo áreas protegidas e indígenas.
En este contexto, Estados Unidos sancionó recientemente a varios ciudadanos y empresas vinculadas a la explotación y comercialización de oro en Nicaragua, elevando la tensión regional alrededor del negocio minero.
Minería de oro en Costa Rica bajo debate
En Costa Rica, el Gobierno impulsa un proyecto de ley para reactivar la minería de oro en Las Crucitas, con el objetivo de otorgar concesiones reguladas y frenar la expansión de la minería ilegal en la zona fronteriza.
Las autoridades señalan que las operaciones ilegales han generado impactos ambientales severos debido al uso de sustancias como mercurio y cianuro, además de elevados costos en operativos de seguridad.
El área de Las Crucitas fue concesionada en el pasado a la empresa canadiense Infinito Gold, pero el proyecto fue paralizado tras una disputa legal en 2010, lo que dejó el terreno en manos de mineros artesanales ilegales.
- La presidenta Fernández anunció que impulsará medidas para endurecer los controles migratorios y evitar la reincidencia de mineros ilegales, algunos de los cuales han sido deportados en múltiples ocasiones.
Finalmente, funcionarios costarricenses han advertido que parte del oro extraído ilegalmente en la zona termina siendo trasladado hacia Nicaragua, lo que mantiene activo el debate regional sobre la minería ilegal y el control fronterizo.
