Migrantes expresaron «miedo inmediato» tras el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos este jueves, que permite a la Administración de Donald Trump revocar el Estatus de Protección Temporal (TPS) a cerca de 350.000 haitianos y 6.100 sirios, quienes ahora serán sujetos a deportación.
Demandantes y sus abogados indicaron en un pronunciamiento que el fallo del Supremo también pone en peligro a cerca de 1,3 millones de personas de 17 países que contaban con TPS antes del regreso al poder de Trump, cuyo Gobierno busca eliminar esta protección con el argumento de que la situación en las naciones ha mejorado.
Esta decisión pone a miles de familias haitianas en un temor inmediato. Haití no es seguro y todo el mundo lo sabe. El fallo de la Corte no cambia la realidad en el terreno ni las contribuciones que hacemos aquí, en Estados Unidos«, declaró Viles Dorsainvil, haitiano con TPS y director ejecutivo del Haitian Support Center.
Florida, principal foco del impacto
La decisión afectará en particular a Florida, donde vive casi la mitad, 158.000, de los haitianos con TPS en Estados Unidos y que ahora quedan «en riesgo de deportación a una nación que afronta violencia extrema de pandillas e inestabilidad», alertó la asociación Americans for Immigrants Justice (AIJ).
Cuando vas a Haití, no importa quién seas, te pueden matar. Incluso a tus hijos, a tu bebé. Desearía que la gente pudiera tener más compasión, más empatía y ver por lo que estamos pasando. Desearía que pudieran darle a los haitianos la oportunidad de vivir como seres humanos», dijo un beneficiario anónimo citado por AIJ.
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Choque entre el DHS y activistas
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha argumentado que «la situación ambiental en Haití ha mejorado lo suficiente» desde que se otorgó el TPS en 2010, pero activistas apuntan que el país está en crisis, con casi 6.000 asesinatos en 2025, sin un mandatario electo desde el magnicidio del presidente Jovenel Moïse en 2021.
- Mi gente no puede regresar. Es real. La realidad en Haití es real. Las condiciones de inseguridad en Haití son reales», declaró Tessa Petit, haitiana y directora ejecutiva de la Coalición de Inmigrantes de la Florida (FLIC), a los medios en Miami.
La mayoría conservadora del Supremo coincidió en que la ley que regula el TPS, creado en 1990 para ofrecer refugio temporal a quienes no pueden regresar con seguridad a sus países, impide a los jueces de tribunales inferiores revisar las decisiones del Gobierno sobre estas protecciones.
Por ello, Angélica Sedgwick Oun, investigadora de inmigración para Estados Unidos en Human Rights Watch (HRW), comentó que el fallo otorga al DHS «un poder ilimitado para tomar una decisión de vida o muerte sobre si es seguro enviar a alguien de vuelta a un país que enfrenta violencia desenfrenada, como Haití«.
Organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes advirtieron que la revocación del TPS no solo afecta la seguridad y estabilidad de miles de familias, sino que también tendrá consecuencias económicas y sociales en comunidades de todo Estados Unidos.
Muchos de los beneficiarios han residido legalmente en el país durante más de una década, desempeñándose en sectores clave como la construcción, la salud, la hostelería y los servicios.
Los activistas sostienen que una deportación masiva podría provocar la separación de familias, afectar a empleadores que dependen de esta fuerza laboral y aumentar la incertidumbre entre otras comunidades migrantes que también cuentan con protecciones temporales.
