Un tribunal de Costa Rica postergó este lunes el juicio por el atentado contra el opositor nicaragüense Joao Maldonado y su esposa, Nadia Robleto, quienes responsabilizan al Gobierno del matrimonio copresidencial nicaragüense, formado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, y a la «inteligencia política» del Ejército de Nicaragua.
En una declaración, el Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua, que acompaña a las víctimas, lamentó que el juicio contra el costarricense Jeremmy Jacobo Rivas, acusado del delito de tentativa de homicidio en perjuicio de los opositores y refugiados nicaragüenses, no haya sido iniciado por el Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de Goicoechea, en San José.
La postergación se habría producido por ausencia de notificación al acusado. El Colectivo advirtió de que el retraso podría afectar el derecho de las víctimas a obtener una justicia pronta y cumplida.
Estaba previsto que la pareja ofreciera su testimonio virtual desde Estados Unidos, donde residen gracias a un programa de reasentamiento de refugiados que coordina el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).
Maldonado, de 38 años y naturalizado español, perteneció al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y es hijo del fallecido mayor en retiro del Ejército de Nicaragua Tomás Maldonado, quien estuvo preso entre agosto de 2018 y junio de 2019 por participar en protestas antigubernamentales.
El opositor nicaragüense sobrevivió a dos atentados, en 2021 y 2024, en Costa Rica, en los que recibió 13 disparos junto a su esposa Robleto, quien convalece en una silla de ruedas. Ambos se consideran como los «retratos vivos de la persecución transnacional» que, a su juicio, ejecuta el Gobierno sandinista contra opositores y críticos.
Para la ONG, el caso debe analizarse dentro de un contexto de amenazas, vigilancia, persecución y desnacionalización contra Maldonado, relacionadas con su condición de opositor político, exiliado y refugiado nicaragüense.
Hacemos un llamado respetuoso a las autoridades de Costa Rica para que establezcan una nueva fecha para el juicio, garanticen el avance efectivo del proceso, protejan a las víctimas y testigos, y desarrollen una investigación integral que permita identificar, acusar y sancionar a todas las personas responsables, tanto materiales como intelectuales”, abogó el Colectivo.
La organización asegura haber documentado al menos 200 casos de represión transnacional contra nicaragüenses en el exilio, mediante distintas formas de intimidación, hostigamiento, agresión y violencia.